Acá por la Sierra Madre

Amparo y grupos vulnerables

Publicado el 15 de enero de 2014
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La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 se vio fortalecida por algunas disposiciones de la nueva Ley de Amparo expedida en 2013, pues se dotó a los jueces federales de mayores posibilidades para proteger ampliamente los derechos humanos de las personas, especialmente de los menos favorecidos.

En este sentido, el artículo 171, segundo párrafo, de la Ley de Amparo señala que no será exigible la preparación de violaciones procesales cuando el quejoso se encuentre en condiciones de pobreza o marginación que lo coloquen en una clara desventaja social para emprender un juicio.

¿Qué significa esto?

En los juicios de naturaleza civil, administrativa o laboral, es necesario ir preparando la defensa a lo largo de todo el procedimiento. Por ejemplo, si una prueba es desechada, una solicitud es negada, o no se concede algún derecho adjetivo, se debe interponer el recurso ordinario que la ley prevea, es decir, exigir mediante cierto medio de impugnación que la decisión que se considera afecta a una de las partes sea modificada o anulada. En caso de que se confirme la resolución que perjudica, se considera “preparada la violación procesal” para ser reclamada en amparo directo.

Es una cuestión técnica compleja y que incluso muchos abogados no terminan (o terminamos) de entender.

En el mundo real, existen personas que son demandadas por un banco que les prestó dinero, una inmobiliaria que les financió una casa, o que bien demandan a un gobierno o empresa sin la debida asesoría jurídica. Muchas veces esos ciudadanos acuden con alguna persona a requerirle apoyo para la atención del juicio, pero los asesores al analizar el expediente encuentran pifias procesales que dejan la pretensión o la excepción practicamente en la lona y no quedan más que chicanas para atrasar lo inevitable, algo así como una aspirina para curar el cáncer.

Esto es grave sobre todo para las personas de escasos recursos y que se encuentran en condiciones de extrema pobreza o de marginación social, porque en muy pocas ocasiones cuentan con una asesoría legal adeducada y los asuntos se pierden por una mala atención.

Por eso, el criterio adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (Estado de México) que dio lugar a la Jurisprudencia con número de registro 2005060 es muy razonable y confirma la intención de que los derechos humanos sean protegidos con mayor amplitud, pues las personas que pertenezcan a grupos vulnerables conforme a la Ley General de Desarrollo Social no tendrán la exigencia de preparar las violaciones procesales de las que sean objeto y podrán hacerlas valer hasta el amparo directo.

Esto es importante, porque si se busca que la justicia sea completa bien vale la pena que quienes demuestren encontrarse en esas condiciones de pobreza o marginación puedan contar con una defensa adecuada que muchas veces se consigue hasta que el asunto se encuentra muy avanzado y alguien se anima a tomarlo como servicio social.

Es una decisión que no implica parcialidad pero sí una justificación para que puedan obviarse requisitos procesales y se emita una resolución más justa.

A OJO DE BUEN CUBERO

Aunque es un viejo largometraje apenas vi “Memorias de un mexicano” de Carmen Toscano. Una narración sobre la Revolución Mexicana apoyada en imágenes reales de la época. De verdad una joya. Agradezco a @racaballero la recomendación. Vale mucho la pena disfrutarla.

Adalberto Guevara Montemayor

Abogado y autor de la columna “Acá por la sierra madre” que se publica en Epicentro y Sondeo, leo muy poco para lo que me gusta, izquierda moderada, pambolero, agricultor frustrado, litigante en reposo, activista de las causas que me mueven. Que viva Ciudad Victoria y que viva Tamaulipas con sus alegres huapangos y sus mujeres bonitas.