Acá por la Sierra Madre

Reacciones explosivas

Publicado el 04 de febrero de 2015

Una tragedia más se suma al cúmulo de problemas económicos y políticos por los que atraviesa nuestro país: la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, Distrito Federal, originado por una fuga de gas mientras su cocina era abastecida de este hidrocarburo por parte de la empresa Gas Expresso Nieto.

Es muy grave el suceso porque dejó sin vida a seres humanos. Lo es también porque demuestra una falta de voluntad para evitar este tipo de sucesos, originados por la falta de cumplimiento de la ley y de la aplicación de las consecuencias jurídicas ante la falta de observancia de la misma.

La distribución de gas natural y de gas l.p., es una actividad que requiere un permiso del Gobierno Federal, entendido como “el acto administrativo por el cual se levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma ha establecido para el ejercicio de un derecho de un particular”. Este levantamiento, formalmente, se otorga no a quien mejores tratos o dádivas puede dar, sino a quien tenga la capacidad técnica y financiera para hacerlo en condiciones de competencia y seguridad.

En este sentido, que la distribución de gas requiera de un permiso parte de la lógica de que es una actividad de interés público, pues como la propia Secretaría de Energía señaló en el documento Prospectiva del Mercado de Gas LP 2007-2016, “Su acceso representa un signo de desarrollo y calidad de vida de la población. Garantizar su suministro bajo premisas de bienestar social y bajo condiciones de seguridad es compromiso del Estado Mexicano”.

Por ello, resulta sumamente perjudicial para todos que en este mercado puedan operar empresas como Gas Expresso Nieto, que siguen y siguen actuando en forma contraria a las imposiciones normativas y que sometan, en lugar de estar sometidos, a los órganos reguladores de la materia. Es doblemente dañino que día a día se falte al compromiso asumido por la SENER.

En estos tiempos, se requiere con mayor apremio mostrar la capacidad del Estado para que, atendiendo a los procedimientos legales, se apliquen las sanciones que correspondan. Que las consecuencias, como podría ser incluso la cancelación del permiso, se apliquen sin temor.

Este suceso nos refleja el costo tan alto que podemos pagar ante el incumplimiento de la ley. Los encargados tienen, una vez más, la oportunidad de evitar tragedias haciendo las cosas en aras del interés público no del temporal.

A OJO DE BUEN CUBERO

Llega Virgilio Andrade a la Secretaría de la Función Pública y es recibido por la opinión pública con muy buenos comentarios. Su primer reto: hablar mal de su jefe. ¿Lo superará?

Adalberto Guevara Montemayor

Abogado y autor de la columna “Acá por la sierra madre” que se publica en Epicentro y Sondeo, leo muy poco para lo que me gusta, izquierda moderada, pambolero, agricultor frustrado, litigante en reposo, activista de las causas que me mueven. Que viva Ciudad Victoria y que viva Tamaulipas con sus alegres huapangos y sus mujeres bonitas.