Opinión Del Experto Nacional

El misterio delos «presos políticos»

Publicado el 29 de enero de 2019

 

El misterio delos «presos políticos»

Opinión Del Experto Nacional por Ricardo Alexander M.

Con tantos frentes abiertos, poco se ha hablado de la “liberación de presos políticos” anunciada en octubre pasado por el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, mientras estaba en campaña, y en diciembre por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sobre la revisión de 368 casos, de los cuales, por lo menos, 16 personas ya han sido liberadas, sin que se revelara oficialmente su nombre o la razón de ser considerados “presos políticos”.

El Ministro en retiro, José Ramón Cossío, en su columna del 15 de enero para El Universal, menciona que la calidad de “preso político” es un estatus jurídico que “implica estar privado de la libertad por determinación estatal, con motivo del ejercicio de la libertad de creencias (políticas o religiosas), por el ejercicio de ciertos derechos (expresión, información o asociación), por la defensa de los derechos fundamentales o por razones étnicas, de género o lengua”, y resulta incorrecto incluir en esta clasificación a un preso que requiere ser liberado anticipadamente por razones políticas.

No obstante, no es claro quiénes son los “presos políticos” a los que aluden los funcionarios del gobierno federal, lo que sabemos es que, o son personas que están esperando sentencia, en cuyo caso el Ejecutivo estaría solicitando a la Fiscalía General de la República que se desistiera de la acción penal, lo que claramente vulnera su autonomía, o que están cumpliendo una condena, donde aplicaría la amnistía, que supone el perdón de un delito, o el indulto, que implica el perdón de una pena.

Como ejemplo, la Ley de Amnistía, publicada en 1994 por el expresidente Carlos Salinas, otorgó el perdón “por los delitos (…) suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro al día veinte del mismo mes y año”.

Por otro lado, la Constitución, en el artículo 89 fracción XIV, establece que el Presidente tiene la facultad de “conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”. Esta facultad se materializa en el Código Penal Federal en sus artículos 97 y 97bis, pues establece que el Ejecutivo Federal puede conceder indulto, en uso de facultades discrecionales, cuando la conducta del sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, y no se trate de sentenciados por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas. Además, de manera excepcional, el Titular del Poder Ejecutivo Federal puede conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en la Ciudad de México, previo dictamen en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

Resulta ejemplificativo de lo anterior la columna para Excélsior de Jorge Fernández Menéndez, del 11 de enero, en la que describe cómo, a raíz de un mensaje en redes sociales de la controvertida senadora Nestora Salgado, se conoció que en esta lista de personas ya liberada, se encontraban Sara Altamirano y Leonel Manzano, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y quienes han sido señalados por el secuestro de menores de edad, sin poder probar su inocencia.

El tema llama mucho la atención, no sólo por el hermetismo de la ministro en retiro y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues resulta de interés público conocer no sólo si se han seguido los procedimientos adecuados y quiénes han sido liberados y por qué razones, sino también por qué los compromisos políticos no empatan con la calidad de “presos políticos”, y la liberación consciente de personas que cometieron un delito, sobre todo en un país donde el estado de derecho es muy frágil, impacta gravemente a la sociedad.

Ricardo Alexander

Maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana. Colaborador en Excelsior. Twitter: @ralexandermp