Opinión Del Experto Nacional

Ingeniería constitucional en seguridad

Publicado el 20 de enero de 2019

 

Ingeniería constitucional en seguridad

Opinión Del Experto Nacional por Ricardo Alexander M

Difícilmente podemos argumentar que el tema de la seguridad y la violencia no es el principal reto que tuvieron los presidentes Calderón y Peña Nieto, y es el mayor al que se tendrá que enfrentar el actual mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador. Los resultados en los últimos sexenios han sido uno peor que otro, y no se vislumbra una salida para este gran cáncer que aqueja a los mexicanos.

El miércoles pasado, legisladores de Morena, PRI, PVEM, PT y PES de la Cámara de Diputados, aprobaron, a nivel constitucional, la creación de la llamada Guardia Nacional, integrada por miembros de la Policía Militar, Policía Naval y de la Policía Federal, con un mando civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero supeditada a una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de la Defensa Nacional y de la Marina. Incluso, el presidente López Obrador declaró que no quedó conforme con lo aprobado, pues el papel del Ejército y la Marina debería ser mayor, lo que probablemente incorporará el Senado.

En su libro Ingeniería Constitucional Comparada, Giovanni Sartori escribe que “las constituciones son formas que estructuran y disciplinan los procesos de toma de decisiones de los Estados… Es decir, que las constituciones son, ante todo, procedimientos cuya intención es la de asegurar un ejercicio controlado del poder” con base en una estructura de recompensas y castigos, determinado por un diseño institucional que funciona por incentivos.

Albert Einstein dijo que “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Lo aprobado por la Cámara de Diputados no constituye un diseño institucional nuevo a lo que hemos tenido durante 12 años, y únicamente legitima algo que de hecho ya existía y ha sido criticado por expertos en la materia y por organizaciones sociales. Incluso, la militarización de las funciones de seguridad fue una de las grandes críticas del presidente López Obrador durante sus campañas.

Además de no ser claro en qué consiste y la manera en que operará, la Guardia Nacional, propuesta por el Ejecutivo y aprobada, hasta ahora, por la Cámara de Diputados, al delegar las funciones de seguridad pública en un cuerpo con carácter militar, crea incentivos incorrectos para lograr disminuir los niveles de violencia e inseguridad, aunado a propiciar violaciones a derechos humanos por parte de policías con entrenamiento castrense.

En el tema de la Guardia Nacional, igual que en la Fiscalía General de la República, si el diseño institucional es incorrecto, difícilmente se tendrán resultados positivos. Simplemente no existen los incentivos correctos. Por ello se vislumbra casi imposible la promesa de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de reducir entre 30 y 50 por ciento los homicidios dolosos en tres años.

En el mismo canal que Sartori, para lograr resultados en materia de seguridad y disminución de la violencia, es necesario tener una estructura constitucional que recoja la opinión de los expertos en la materia e incorpore la problemática real a la que el Estado mexicano se enfrenta —que no ha ocurrido hasta ahora—, lo cual, difícilmente puede ser alcanzado con propuestas improvisadas, unilaterales y que son resultado de pactos partidistas. Esperemos no tener que estar en 6 años analizando qué cambios institucionales hacer, puesto que la situación continúa igual de mal que en los tres sexenios que estarían terminando.

 

Ricardo Alexander

Maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana. Colaborador en Excelsior. Twitter: @ralexandermp