Opinión Del Experto Nacional

MANIFESTANDO DESPRECIO POR EL ESTADO DE DERECHO

Publicado el 10 de junio de 2019

 

Manifestando desprecio por el estado de derecho

Opinión Del Experto Nacional por Ricardo Alexander M.

Desde hace algunos meses, los cuales coinciden –sorprendentemente– con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha dado de forma exponencial una manifestación de falta de Estado de derecho en México, que si bien no es nueva, es ahora –evidentemente– mucho más común.

Todo comienza cuando un grupo de personas, no necesariamente grande, ya que puede ser de unos diez o veinte individuos –desde estudiantes normalistas hasta maestros de la CNTE, entre otros–, que al ver que resulta en un negocio muy redituable y poco riesgoso, normalmente bajo un pretexto o causa de carácter social, aunque a veces ya ni siquiera eso es necesario, decide ir a sustituir a los empleados de las casetas de cobro de las autopistas del país, y exigirles a los usuarios de esas vías de comunicación, en algunas ocasiones bajo amenazas, que les paguen a ellos la cuota de tránsito.

Lo que más llama la atención de esta manifestación del “pueblo bueno y sabio” que flagrantemente comete más de un delito, es que se hace a la vista y con el beneplácito de todo tipo de autoridades, incluyendo la Policía Federal e incluso a veces del Ejército, así como de los funcionarios de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirigida por el siempre acertado Javier Jiménez Espriú. Todavía peor, los concesionarios, en lugar de mostrar y expresar oposición, parecen cómplices, por lo menos con su silencio.

Alguien corto de vista diría “¿pero que estos grupos lleven a cabo estas acciones en qué les afecta a los particulares fifís que usan las carreteras de cuota en sus autos?”. Pues en varias cosas, incluyendo las siguientes tres:

Primero, porque es de interés público que cualquier manifestación que debilita el ya de por sí casi inexistente Estado de derecho en nuestro país debe ser condenada inmediatamente por las autoridades.

Segundo, porque, además de ilegal, los particulares que cobran el peaje no otorgan ningún beneficio a los usuarios, como son los seguros que se obtienen con las cuotas pagadas.

Y tercero y más importante, es que este tipo de acciones pone en riesgo la seguridad y la integridad de las personas que hacemos uso de las carreteras. Los ciudadanos no tenemos por qué acceder a estas extorsiones, y al negarnos, podemos ser agredidos.

Si bien es cierto que en un par de ocasiones la Policía Federal ha replegado a estos pequeños –y no tan pequeños– grupos de manifestantes, ese acto de autoridad es más bien la excepción que hace la regla de la falta de respeto por la ley y el Estado de derecho, que la administración federal actual ha mostrado en diferentes ámbitos, y como escribió Federico Reyes Heroles el pasado 4 de junio, en su columna para Excélsior, enviando un “mensaje muy claro, si al ciudadano no le gusta la norma, que la mande al demonio”. Así de fácil.

La situación es realmente preocupante, no sólo porque el cumplimiento de la ley es obligación de la autoridad y no está sujeta a discrecionalidad, sino porque estos temas son como una bola de nieve que, si no se paran en seco, con el tiempo se vuelven una avalancha. En medio, quedamos los mexicanos que sí queremos que se cumpla.

Ricardo Alexander

Maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana. Colaborador en Excelsior. Twitter: @ralexandermp