En grandes ciudades donde el servicio público de transporte masivo resulta insuficiente, los taxis han sido una opción ya tradicional de movilización. Con los avances tecnológicos, la innovación en el sector permitió a empresas como Uber, Cabify, Buggy Rides, entre otras, ganar un buen segmento del mercado.
Las empresas tradicionales de taxis dieron la batalla (legal e ilegal) en contra de estas plataformas, pero poco a poco han ido perdiendo la lucha. Instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica ha asumido su papel de regulador y les ha ido dando “palos” para permitir que los consumidores tengan más opciones.
Siempre hay “prietitos en el arroz” y el caso de Mara Castilla, víctima de un chofer de Cabify, ha levantado una discusión en dos sentidos. El primero es sobre la revictimización de ella y muchas mujeres víctimas de un delito, especialmente el de homicidio. El segundo, en la que se centra este texto, es sobre el papel de las apps de transporte para evitar este tipo de situaciones.
El CEO de Cabify ha declarado constantemente que el chófer que se está señalando como responsable cumplió con los requisitos que la empresa exige para darse de alta en ese servicio. Incluso, hicieron llegar a la carpeta de investigación abierta por la Procuraduría de Puebla, una carta de antecedentes no penales que le expidió esa misma institución.
Contra toda lógica jurídica, pero en el mainstream de la decisión política, el Gobierno estatal de Puebla decide revocar la autorización de Cabify para operar en aquella entidad. Así. Nada más. Porque sí.
El homicidio de Mara es imperdonable y la autoridad debe ser pulcra en la acusación para que se apliquen las sanciones que correspondan. Pero va más allá la autoridad al eliminar a un competidor del mercado por este hecho. Cuidado, esto no es, ni por analogía, una justificación al papel del chófer.
Por ganar un espacio en la agenda mediática y quizá inspirados en casos similares, el gobierno de Puebla pretende hacer ver una “mano dura” en el caso, como si la empresa hubiese sido copartícipe del delito o no hubiere puesto filtros a la contratación de personal. Casinos, cantinas, discotecas, fábricas, en fin, el sector o industria que se quiera, corre el riesgo de que la autoridad prefiera sacudirse el problema que asumir un rol de vigilante que aplique la ley.
Prohibir a raja tabla, es una muestra de lo que no se debe hacer cuando se trata de poner en orden un mercado.
A OJO DE BUEN CUBERO
La sociedad mexicana, y en especial la capitalina, dando muestra de la calidad humana que nos distingue cuando de sucesos trágicos se trata. Pugnemos porque esa solidaridad se exprese todos los días de nuestra vida.
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