Aprender de la historia
Desde Heródoto, son innumerables los historiadores que han recopilado los hechos pasados para tratar de aprender de ellos y no repetir los errores de aquellos que nos precedieron. Ya decía Winston Churchill, “cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás”.
Dada la situación política de nuestro país, viene a cuento un episodio histórico ocurrido hace poco más de 70 años en momentos donde se vivía una gran inestabilidad institucional. En 1946, Jesús González Gallo había ganado las “elecciones” para gobernar Jalisco por un periodo de cuatro años, de 1947 a 1951, sin embargo, el Congreso local, a las órdenes del presidente Miguel Alemán, avaló ampliar el periodo de González Gallo a seis años.
El gobernador de Jalisco en funciones, el general Marcelino García Barragán, argumentando que el proyecto de modificación a la constitución local no podía aplicar a un mandatario ya electo, sino a quien le sucediera, se opuso a publicar la reforma, por lo que Miguel Alemán pidió su cabeza. Como consecuencia, García Barragán no pudo terminar su gestión como gobernador, al haber sido obligado a renunciar dos semanas antes de que terminara su periodo, con el fin de que alguien más publicara la mencionada reforma.
Como de todos es conocido, el día de hoy estamos viviendo una situación similar, en la cual se está vulnerando de forma descarada el orden constitucional y democrático de nuestro país. El Congreso de Baja California, de manera unánime y con el apoyo de las fuerzas de Morena, PAN y PRI, avalaron aumentar el periodo a cinco años del gobernador electo por Morena, Jaime Bonilla Valdez, quien en las elecciones del pasado 2 de junio fue elegido y votado para un periodo de dos años.
El tema es escandaloso por muchas razones. Empezando por la afrenta a nuestras instituciones y a nuestras leyes, pasando por la inseguridad jurídica que esto genera en el electorado, y terminando por lo preocupante que resulta que desde el oficialismo son pocas y débiles las voces que condenan este hecho, y lo único que hemos oído —fuera de la claridad con la que abordó el tema Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y la diputada Tatiana Clouthier— son declaraciones vagas y poco contundentes, como las de Martí Batres, presidente del Senado; de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, o la reserva cómplice de Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena.
Pero lo que más llama la atención es el silencio que sobre el tema guarda nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, principalmente porque no se distingue por quedarse callado, ni contra expresidentes ni contra organismos autónomos –incluso ha hablado de la reaparición de Juan Gabriel—, pero sí, según parece, sobre un hecho que claramente atenta contra la legalidad y democracia mexicana, y que justamente se está gestando desde su propio partido político.
Lo que se está evidenciando es que vivimos un momento histórico en nuestro país caracterizado por la falta de principios y una oposición que esté dispuesta a confrontar al poder y a transgresiones que pensábamos estaban superadas. Los hechos demuestran que nuestra débil democracia e instituciones son tan vulnerables como hace 70 años.
