Crónicas Políticas

Empuja Baltazar un mejor trato para Tamaulipas

Publicado el 26 de octubre de 2016

Baltazar Hinojosa Ochoa, presidente de la comisión de inf raestructura de la Cámara de Diputados, fue visto salir ayer de Palacio Nacional, tras de sostener una prolongada entrevista con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

El legislador nativo de Matamoros está haciendo su contribución para que Tamaulipas obtenga un mejor trato presupuestario en 2017, aprovechando la excelente relación personal que mantiene con el Secretario Meade.

Baltazar se involucró estrechamente con Meade desde el año 2012, cuando fue Secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y el político de Matamoros era secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Luis Videgaray era el presidente de esta Comisión. Fue justo con Meade, que el diputado federal Hinojosa Ochoa consiguió finalmente el “palomazo” para la construcción del puerto de Matamoros, una obra largamente anhelada que hoy está en marcha.

En otros asuntos, durante dos días consecutivos, EL UNIVERSAL ha publicado en primera plana la denuncia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría aprobar reformas a la ley de derecho de réplica, que atentan contra la libertad de expresión, gracias a una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, a nombre de MORENA.

El precandidato presidencial no ha usado su derecho de réplica para desmentir, refutar, negar, descalificar, contextualizar ni hacer precisiones sobre esas notas del periódico chilango, de lo que se desprende que la autoría de esa iniciativa es realmente suya, hecha al alimón con el PRD cuando lo presidía Agustín Basave Benítez.

Dice el artículo 3 de la ley de derecho de réplica, textualmente: “toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley, que le cause un agravio”.

Ambos partidos de izquierda quieren que la Corte suprima el requisito de que la información sea inexacta o falsa, de tal manera, que cualquier persona podrá exigir el derecho de réplica, aun cuando la información que lo involucre, sea cierta.

Esto significa que si los Ministros de la Corte sentencian que se haga la enmienda, entonces los periodistas no podrán publicar sin quedar expuestos a demandas judiciales, que El Chapo es narcotraficante, homicida, corruptor y culpable de todos los delitos que lo mantienen bajo reclusión.

Tampoco se podrían publicar en adelante, las propias denuncias de López Obrador, contra los miembros de la mafia que gobierna a este país o contra otros políticos a quienes el presidente de MORENA ha convertido en sus villanos favoritos.

El coautor de la desconcertante promoción judicial, el ahora perredista porque antes perteneció al PRI, como presidente de la Fundación Colosio, Agustín Basave Benítez, es analista, escritor y autor de textos periodísticos, y conoce los alcances inhibitorios de la libertad de expresión que esto implica.

(Basave está ligado con la ex familia feliz revolucionaria de Tamaulipas, pues un consanguíneo suyo chupó del presupuesto sexenal. Egidio Torre Cantú fue presidente de la Fundación Colosio en Tamaulipas, en reciprocidad anticipada, pues Agustín lo favoreció con el encargo muchos años antes de que se pensara siquiera en la posibilidad de que Egidio junior se encaramara en los cuernos de la luna).

Es un disparate, una alienación, la propuesta de López Obrador, porque atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, al pretender impedir que las cosas se llamen por su nombre.

Si un político, un servidor público, un particular, incurren en excesos que contravengan la norma jurídica, están expuesto a ser denunciado, exhibido, cuando sean sujetos a juicio, sentencia y castigo. Los errores se pagan.

No pueden invocar estos infractores un daño a su honor, porque el honor se construye con acciones morales, actuando rectamente y cumpliendo su deber. Por eso son ridículas, chocantes e improcedentes, las demandas judiciales presentadas por Humberto Moreira y Javier Duarte, por separado, contra periodistas, alegando agravio a su honor, siendo como son, presuntos saqueadores de los bienes de Coahuila y Veracruz, respectivamente.

Los Ministros de la Corte someterán a votación del pleno, el lunes 7 de noviembre, el proyecto de sentencia que modificaría el artículo 3 de la ley de derecho de réplica, para acorralar a la prensa y alentar la auto-censura, ésta, para no ser presa los periodistas, de persecución judicial, masiva y generalizada.

Los Ministros, que ganan sueldos escandalosos por ser propios de potentados en un país con la mitad de sus habitantes en la pobreza, estarían tentados a cometer esta agresión contra la prensa, no para complacer a López Obrador ni al oportunista de Benítez, sino para caerle bien al jefe del poder ejecutivo federal.

No puede decirse que el gobierno federal sea amigo de los periodistas. Muchos han caído muertos en el ejercicio del oficio, y las investigaciones están truncas y de ficción, los institutos y fondos anunciados para el auxilio de los familiares.

Apenas el año anterior, el senador priista Omar Fayad exploró la posibilidad de promulgar una ley que castigaría severamente “los delitos informáticos,” pero reculó cuando la prensa descubrió que se trataba de una represión contra el periodismo cibernético.

Nadie creyó que la iniciativa fue creación propia, fue sólo un instrumento. En otros temas, el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Vicealmirante Luis Felipe López Castro, visitaría la ciudad de Río Bravo para dialogar con el presidente municipal Juan Diego Guajardo Anzaldúa, acerca de las necesidades locales en materia de vigilancia.

Río Bravo quedó sumido en un bache luego de la desastrosa gestión de Rogelio Villaseñor Sánchez, pero el nuevo gobierno municipal está haciendo acopio de toda la ayuda disponible, especialmente de la propia sociedad, para subsanar las deficiencias en servicios públicos y en el restablecimiento de vigilancia y seguridad.

Juan Diego puso en marcha programas emergentes de limpieza, alumbrado y bacheo, que no merecieron atención por parte del Ayuntamiento anterior, usando ahora hasta vehículos particulares, pues está diezmada la cuadrilla oficial.

Otro problema que está en vías de solucionarse, es la descomunal deuda que Rogelio dejó como carga para el sucesor, pues sólo por concepto de energía eléctrica, la cifra rebasa los ocho millones de pesos.

El flamante alcalde riobravense está tocando puertas en la Ciudad de México, para conseguir apoyos federales complementarios, contando con la colaboración de la bancada legislativa tamaulipeca, que encabeza su paisano Edgar Melhem Salinas. Por cierto, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca comería el martes con los diputados federales, para ponerse de acuerdo en la gestión conjunta y simultánea, de más recursos para Tamaulipas en el presupuesto de egresos 2017.

El Gobernador del Estado ha desplegado una intensa labor de tramitología en las Secretarías de Estado, buscando conseguir el aterrizaje de programas, apoyos, visitas, pagos, que alivien las carencias que se padecen.

En una conversación con periodistas que cubren el Palacio de Gobierno, Cabeza de Vaca descartó de plano que se recurra a un préstamo bancario para sufragar necesidades económicas inminentes y perentorias, pues le apuesta preferentemente a un feliz desenlace de sus negociaciones en la Ciudad de México.

No se descarta, que aprovechando su estancia en la ex Ciudad de los Palacios, Francisco pida para un panista la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde causó baja el coronel e ingeniero José Juan Barbizzan Alonso.

Hoy cumple años Guillermo Flamarique Torres, de la legendaria dinastía victorense.

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Alberto Guerra Salazar

Autor de la columna crónicas políticas en diversos medios de comunicación en el Estado. Propietario de la Agencia de Noticias ASI