El Estado —de Derecho— soy yo.
Por Ricardo Alexander M.
La clásica máxima que dicta que todos somos sujetos de la ley (incluso quienes la aplicamos) ha quedado superada y así lo ha determinado el pueblo bueno y sabio al elegirme Presidente. Y es que para mí y los míos, ahora es diferente, principalmente por mi “autoridad moral”, que los empapa y transforma a la vez. De nada.
Ahora han aumentado en el gobierno los procedimientos de adquisición por adjudicación directa porque ya se terminó la corrupción y los conflictos de interés. ¿Para qué usar las tardadas licitaciones y seguir la complicada Ley de Adquisiciones?
Bajo la nueva premisa, no existe ningún problema en que las leyes se salten —incluyendo las de protección al ambiente— para construir mis proyectos prioritarios o se usen los datos personales de los contribuyentes para convocar a empresarios a participar en la rifa del avión presidencial —en la cual no rifamos ningún avión—.
Tampoco existe contradicción en que mi administración despidiera, sin indemnización y pasando por encima de las leyes laborales, a cientos de funcionarios públicos —neoliberales— de carrera o a otros tantos les bajara el sueldo, y ahora yo evidencie a quien, independientemente de si lo hizo o no de forma legal, ha corrido a sus trabajadores derivado de la contingencia sanitaria. Nadie puede dejarle de pagar a sus empleados, excepto que yo lo autorice.
¿O no saben? Yo por decreto presidencial dicto medidas de austeridad en tiempos de coronavirus y le pido —exijo— al Poder Legislativo que las convierta en ley.
Es más, ¿quién mejor que yo para determinar en qué se debe usar el Presupuesto de Egresos? Al diablo la Cámara de Diputados, al fin y al cabo, está supeditada a mí. El dinero público debe destinarse según mi voluntad y en ese sentido mi proyecto de reforma.
Antes no se valía que los “corruptos” se hicieran promoción personal con los programas sociales, tal como lo establece la Constitución. Pero ahora, todo es diferente. No hay inconveniente en que los beneficiarios de los programas y ayudas gubernamentales sepan que yo soy quien les concede el apoyo; repito, nosotros tenemos “autoridad moral”. El INE se equivoca al prohibírmelo.
Simplemente por eso no se deben preocupar en que salude y tenga comunicación con la madre de El Chapo Guzmán, incluso cuando mi gobierno liberó a su nieto Ovidio en un operativo fallido en Culiacán.
Ahora la justicia se imparte en foro público, como es la mañanera, donde de la mano de las autoridades fiscales, se acusa, condena e inlcuso perdona. Arrepiéntanse y crean en mí, y verán la luz.
En tiempos de la 4T se le acepta la renuncia “por causas graves” a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero se le perdona de sus pecados. No es necesario que esté sujeto a un proceso penal. Tampoco pasa nada porque salga a luz que uno de mis colaboradores —el que está al frente de la CFE— tenga más de 25 propiedades que no había declarado, al fin y al cabo, rectificó el camino y me siguió. Incluso lo avaló la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y ni se lo tuve que pedir.
Y es que el Estado —de derecho— soy yo, único impartidor de la justicia basada en —mi— ética y moralidad. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, excepto la palabra que emana de mi boca.
*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana.
Twitter: @ralexandermp
