Decepción. Engaño. Falsedad
Por Morelos Jaime Canseco Gómez
Cada vez aparece con mayor nitidez la decepción creciente producida por quien supo vincularse con una parte relevante de la sociedad mexicana —el tercio de los votantes de la lista nominal de electores— en la elección presidencial de 2018 y logró que para muchas personas renaciera la esperanza. Unas en carácter de militantes y simpatizantes de su propuesta, otras como ciudadanos independientes que optaron por conferirle un voto de confianza para actuar y otras más que no le otorgaron el sufragio, pero sí el reconocimiento a la oportunidad democráticamente conferida para hacer el gobierno y conducir la jefatura del Estado.
El rechazo de algunas personas del último segmento y la decepción del segundo de ellos obedecen a causas plurales y disímbolas. Gravitan la polarización y la actitud excluyente que emanan de Palacio Nacional y, también, la notoria ausencia de resultados de la gestión. En un extremo la confrontación, la descalificación y la simplona victimización ante la información que desnuda y la crítica que presenta argumentos. En el otro la inseguridad y la incapacidad para ejercer las funciones más elementales de fortaleza territorial en muchas zonas del país; la ausencia de crecimiento económico y oportunidades de desarrollo; la reconfiguración de la administración para entregar subsidios por grupos que han sido o se aspira sean votantes por la causa, y la evidencia acumulada de falta de integridad y de probidad en servidores públicos con prominencia en la gestión en marcha.
Los incidentes y los escándalos al interior del grupo gobernante se multiplican y escalan. Resulta emblemático que quienes fueron convocados —luego de participar en las tareas previas— para asumir encargos públicos relevantes y permeaban la idea de armonía fundamental por su vinculación al vértice del Ejecutivo, hayan transitado con rapidez al distanciamiento, el enfrentamiento y la ruptura. Vale señalar que esta derivación no fue avizorada por el Ejecutivo de la Unión, quien hasta antes de los hechos y sus implicaciones, parecía identificar bien la personalidad y el carácter de las personas a quienes invitó a colaborar.
Hay, claro, muestras de distinto calibre y solución. Sólo lo más evidente en el eje de la gobernabilidad: (i) el conflicto entre la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el entonces Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, habiéndose confirmado recientemente que ante la imposibilidad de que entendieran la necesidad de trabajar como equipo, fueron relevados de sus funciones;
(ii) la confrontación entre el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con el todavía Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Uno en el reflector y otro en la reclamación de no recibir denuncias viables para obtener sentencias condenatorias, a lo cual el primero no dejaba sin réplica, y su despido por la filtración de hechos y situaciones que muchos sospechan podría ser un obsequio de la Fiscalía;
(iii) las investigaciones consignadas ante la autoridad judicial contra abogados aparentemente vinculados a Scherer Ibarra por ofrecer la solución de asuntos penales en proceso a cambio de sumas de dinero que no parecerían ser honorarios, y de la enajenación de una empresa de servicios financieros como parte del entendimiento para que su principal accionista obtuviera la libertad; y
(iv) la divulgación de diversas conversaciones telefónicas entre el titular de la FGR y su colaborador Juan Ramos López, Fiscal Especializado de Control, donde aparece la comisión de varios ilícitos penales para beneficio de una causa personal en quien tiene la responsabilidad de investigar delitos, presentar las causas ante los tribunales y hacer todo lo factible para que la víctima obtenga justicia y los ilícitos no queden impunes: posee un proyecto de sentencia al cual tendría vedado el acceso (delito contra la administración de justicia), utiliza los recursos de la FGR para beneficio personal (ejercicio abusivo de funciones) y gestiona la resolución de negocios de su interés con base en el cargo público que desempeña (tráfico de influencia).
Saltan a la consideración dos reflexiones: a) la falta de consideración y de respeto de la y los colaboradores mencionados con el presidente de la República que los había nombrado o que propuso al Senado su designación y ejerció su vínculo privilegiado con el grupo mayoritario para que así ocurriera; y b) la exposición en —al menos— tres de esos incidentes, de la falta de ética pública en las esferas de actuación cercanas al Ejecutivo Federal.
Esto último es lo que tiende a minar más la credibilidad del gobierno y, en particular, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues quedó expuesto por las desavenencias que no pudieron contenerse con base en la más elemental premisa de abstenerse de generar un problema a quien los convidó a participar en los asuntos públicos bajo su directiva.
Tres de las personas mencionadas ya no forman parte de la administración federal. Más allá de la evaluación de su actuación y los resultados obtenidos, son lastre del cual se ha deshecho el inquilino de Palacio Nacional. Otras dos continúan en aquélla, pero refirámonos sólo al Fiscal votado por el Senado en 2019 para servir por nueve años.
El alambique constitucional para su designación es más sencillo para su remoción por el Ejecutivo, que quedaría firme si no la objetara la mayoría absoluta de quienes conforman esa cámara. Además, está siempre la renuncia como opción de honorabilidad ante el grave predicamento de desprestigio en el cual ha sumido cada vez más al organismo durante su período de desempeño. En este asunto y por la gravedad de los ilícitos develados, pasa a un segundo plano la ilegalidad de la obtención de las grabaciones. Por ahora, el Ejecutivo de la Unión ha reiterado que le tiene confianza, aunque sin aportar información o expresar argumento alguno para controvertir o desvirtuar los señalamientos de la responsabilidad en la cual ha incurrido.
Está también la denuncia y desahogo del juicio político, donde al menos se aprecian dos causales de responsabilidad (violaciones a los derechos humanos e infracciones a la Constitución y las leyes federales que trastornan el funcionamiento normal de las instituciones), pero la mayoría de la Cámara de Diputados tendría que aprobar la acusación y las dos terceras partes del Senado determinar que su actuación causó perjuicio a los intereses públicos fundamentales y su buen despacho. No, no ocurrirá por el alto costo de la imagen del gobierno y porque no habría voluntad de quien sería acusado para ir al sacrificio, que es parte esencial del diseño vigente del procedimiento.
El Fiscal es hoy una carga muy pesada. En lo sustantivo no hay resultados. La delincuencia más peligrosa y para cuya persecución se dictó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se ensancha y enseñorea. Y en la imagen pública el desastre: reconocimiento a modo del CONACYT, imputaciones severas de plagio intelectual, persecución de investigadores para intimidar, petardos en el caso Lozoya, ausencia de colaboración en las instancias para combatir la desaparición forzada. La simulación debería tener límite. Un mínimo de ética pública y vergüenza por la exhibición general debería llevar a la renuncia.
Por las constantes faltas de respeto de sus colaboradores a la responsabilidad presidencial última y la incapacidad para convencer al Fiscal de la conveniencia de su separación o de la necesidad de su remoción, el Ejecutivo corre cada vez más el riesgo de lo que le sucedió al Mago de Oz: todo era un engaño, pero no lo supieron Dorothy y sus compañeros hasta que —por accidente— Totó derribó la tramoya y el fraude quedó al descubierto. El maravilloso mago era una mentira.
