El espectáculo
Por Morelos Jaime Canseco Gómez
Si la Independencia tuvo como objetivo fundar un nuevo Estado soberano en la comunidad de naciones; si la Reforma tuvo como propósito separar a la Iglesia Católica de los asuntos públicos y postular los derechos de las personas frente al poder estatal, y si la Revolución tuvo como fin un régimen democrático con justicia social, ¿cuál es el sentido último que anima la transformación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Aunque estimo que la cuarta etapa de la evolución política del país está conformada por las reformas para realizar elecciones libres, auténticas y competidas y dar paso a la pluralidad política con una característica del Estado mexicano, para efectos del gobierno que propone una nueva transformación, ¿cuál es o cuáles son los objetivos que la distinguirían? ¿La refundación de la República bajo los principios de probidad, austeridad e igualdad en el acceso a los satisfactores del bienestar?
Podría pensarse que sí, o al menos que entre los propósitos más relevantes está el combate a la corrupción, la eliminación del gasto sin razón ni objeto social y el establecimiento de programas para que las personas más vulnerables reciban recursos del erario que permitan su subsistencia.
Objetivos no sólo válidos, sino atractivos para la mayoría de quienes integran nuestra sociedad. No me detengo en si esas metas son comparables —en términos de propósitos nacionales— con las de las tres etapas previas reconocidas en el discurso oficial y aún en la etapa no reconocida para potenciar la propia, pero sí destaco las diferencias de hoy con esos episodios del desarrollo nacional: separación de la Metrópoli, sujeción a la ley del status quo que sobrevivía a la Colonia y establecimiento de un modelo de país basado en la postulación de los derechos sociales, que marcan rupturas. Dicho está que los principios democráticos se consolidaron a partir de acuerdos indispensables para transferir el asiento de la legitimidad de la reivindicación social al sufragio popular, que marcan consensos.
Ahora, sin que haya quien postule como opciones la corrupción, el despilfarro o la desigualdad social, el planteamiento presidencial es de distinción, descalificación, escisión y ruptura con quienes plantean —en el sistema de partidos, en la sociedad civil organizada o en un ámbito de reflexión y propuesta crítica— ideas y opciones que difieren o discrepan de las impulsadas por el Ejecutivo Federal. Con o en contra. No existen matices. Se dice que se pide lealtad al proyecto, pero la explicación aparece como fidelidad al líder del movimiento. Se olvida el consenso y se postula la ruptura
Sin embargo, la travesía auto-imaginada para ir a una gran transformación de la República —sin negar la necesidad de hacerla en muchos frentes, como el de la vigencia cotidiana del Estado de Derecho—, no parece contar con una hoja de ruta: alguna acción de gran simbolismo, como la desaparición del Estado Mayor Presidencial, pero contrastada por la entrega de responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas, y diversas modificaciones constitucionales de diferente relevancia, pero que no representan el cambio de régimen. La propuesta es retórica.
Lo que apreciamos son fenómenos de renuncia deliberada a construir consensos con actores políticos, económicos y sociales, y de concentración de poder por la forma en la cual se concretó la mayoría del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional en las cámaras del Congreso.
El panorama era complejo pero se agravó con la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus, porque lejos de reconocerse la pertinencia de tejer entendimientos y articular acuerdos, se profundizó la visión personal y casi única del presidente de la República. Muy lejos del discurso presidencial de haber cumplido la mayoría de los compromisos hechos al iniciar el mandato, está la realidad de la ausencia de resultados: menos oportunidades, menos bienestar y más pobreza. Si había tiempos para actuar, se perdieron en el horizonte.
Es el origen de la reticencia a que la discusión pública sea sobre las mejores formas para fortalecer el sistema de salud y pasar del recuento de personas contagiadas o que han perdido la vida, a la adopción de políticas para prevenir lo primero y evitar lo segundo.
Es la razón de la acentuación de los planteamientos para distraer, pero sobre todo para hacer de la actividad política un espectáculo. No debatir lo que debe hacerse a fin de evitar mayores consecuencias económicas para el país, sino propiciar que la deliberación pública se aparte de la necesidad de rendir cuentas del desempeño.
Dos asuntos del momento representan —en forma renovada en ambos casos— el uso de dos instrumentos constitucionales para desviar la atención de los problemas a la promoción del espectáculo político: la eliminación del fuero presidencial, por segunda ocasión, y la consulta popular sobre el enjuiciamiento a cinco ex presidentes de la República, para hacerlo tema constante de discurso en el proceso electoral, que recuerda el objetivo de estar en la boleta so pretexto de la revocación del mandato. Es el reino de la simulación para mantener reciclado el debate político.
Si el compromiso y el discurso presidencial postulan la supresión del régimen diferenciado de responsabilidades del Ejecutivo Federal, ¿por qué no proponerlo así?
Si tiene la convicción —y acaso elementos de prueba— de que se cometieron ilícitos penales por quienes ejercieron la primera magistratura ejecutiva de 1988 a 2018, ¿por qué no presentar las denuncias?
Porque no hay más voluntad que simular para que en el debate público pueda presentarse un doble frente del espectáculo.
Con el Congreso y, más particularmente, con la oposición en el Senado, en la disputa de que propone el retiro del fuero al Ejecutivo de la Unión, cuando en realidad lo conserva con el procedimiento de que la Cámara de Diputados acusa y Senado resuelve. La protección no está sólo en las conductas, sino en el procedimiento y quien resuelve.
Y con la Suprema Corte porque se planteó un objeto para la consulta —en el mejor de los casos— que implica la restricción de los derechos humanos y sus garantías para hipotéticas víctimas y ofendidos, o —en el peor— que hace de la consulta un ejercicio ocioso al poner a votación si han de ejercerse las responsabilidades que le corresponden. El instrumento es desnaturalizado, como se pretendía desnaturalizar la revocación del mandato.
Simulación para alejar otros problemas reales: la disputa por la dirigencia del Partido MRN, la denuncia de corrupción en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (sic) y el surgimiento de la Alianza Federalista y sus planteamientos para revisar el Pacto Federal, empezando por la coordinación fiscal. También pasan lista de presente —y lo aprovecha— quienes juegan al contrapeso y sólo generan anticuerpos al inquilino de Palacio Nacional, como el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA).
No gobernar y menos rendir cuentas. Simular cambios. Renunciar al verdadero ejercicio de responsabilidad.
