El estado de derecho que brilla por su ausencia
Por Ricardo Alexander M.
Parece algo muy simple y, a la vez, no lo entendemos. No sabemos si es una realidad que poco a poco alcanzaremos, un lugar común o un ideal inaccesible. Lo que es claro es que no lo tenemos.
Según Kofi Annan, quien fuera secretario general de la ONU, el Estado de derecho puede definirse como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia”. Justamente es esa aspiración de la que habla el presidente López Obrador al decir “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Lo irónico es que, al final, la desprecia.
En el ranking del World Justice Project sobre 2019, en cuanto al Estado de derecho por país, México se ubicó en el lugar 104 de 128 —por debajo de República Dominicana o Kenia—, cayendo tres posiciones con respecto a 2018.
Parece que tenemos una dualidad, prácticamente institucionalizada y fomentada desde el oficialismo, donde pensamos que las reglas se deben de aplicar sólo cuando nos conviene. Si nos afectan, podemos decir que son injustas, las ignoramos y buscamos, a como dé lugar, sobrepasarlas. Al final —decimos—, “las reglas están para romperse”.
Por eso no debe sorprendernos que el gobierno de la 4T no tenga interés en fortalecer el Estado de derecho. Considera que la ley es una herramienta para mantener y ejercer el poder, al mero estilo de Maquiavelo.
“La justicia está sobre la ley”, ahora dice el Presidente, y su “autoridad moral” es suficiente para permitirle dictarla. Igual que Luis XIV, “el Estado soy yo”.
El Estado de derecho “brilla por su ausencia”. Según la ONG Impunidad Cero, en México no se denuncia el 94% de los delitos que se cometen y menos del 1% es resuelto. Y aunque nos cueste —dinero, libertad, tranquilidad—, seguimos haciendo como que no importa. Votamos y empoderamos justamente a nuestros verdugos.
Así, el Presidente puede cancelar proyectos millonarios con base en encuestas a modo, o determinar que Salgado Macedonio sea candidato a gobernador y no sea procesado penalmente o perdonar al ministro MedinaMora por los delitos que lo llevaron a renunciar. Incluso se exonera —sin juicio— al hermano del mandatario por recibir dinero no fiscalizado. “¿Cómo se va a perseguir a un López Obrador? Ellos tienen autoridad moral”, dirá la “autónoma” Fiscalía General de la República que dirige Gertz Manero.
Cuando los otros lo hacían era corrupción. Ahora es por el bien de México. Ahí está el caso del uso de programas sociales con fines clientelares. La presión a los poderes independientes. La opacidad en el ejercicio de los recursos públicos y el aumento de adjudicaciones directas. Todo el peso de la ley a los enemigos políticos y perdón a los incondicionales.
No hay detenidos por la supuesta corrupción del aeropuerto de Texcoco. Ni por el huachicol. Tenemos cerca de 100 homicidios diarios por la delincuencia organizada. Miles de desaparecidos y feminicidios. Cientos de instituciones policiales que de nada sirven. Y a nadie le importa.
En el fondo, la ley y el derecho sólo si es necesario. Vivimos una cultura de la ilegalidad institucionalizada y fomentada desde el poder público. Pobre México.
*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana.
Twitter: @ralexandermp
