Militarización
Por Paloma Guillen
En estos tiempos mucho hemos oído hablar de la militarización del país. Pero ¿sabemos a qué se refieren? Todo se relaciona con la seguridad pública, esa misma que nosotros valoramos mucho, por haberla perdido en otros momentos y que nos costó tanto recuperar.
Quizá más que en otros lugares hemos sido testigos de la presencia invaluable y auxilio de las fuerzas federales ya sea militares y marinos en ese tema. En Tamaulipas no tenemos policías municipales porque fueron desaparecidas hace años.
La ausencia de policías calificadas, bien pagadas, capacitadas, que hayan pasado exámenes de confianza, que cuenten con los recursos necesarios para enfrentar a la delincuencia es lo que obliga la presencia militar.
Las fuerzas armadas están supeditadas únicamente a las órdenes del Presidente de la República y a las leyes y desde hace años, desde que comenzaron a realizar esas tareas demandan y requieren de protección legal para poder realizar funciones de seguridad pública ya que por norma constitucional debe ser realizada por civiles.
La mayoría de la población apoya la presencia de las fuerzas armadas, pero exige que respeten los derechos humanos, que no se usen para reprimir a la población y que sean para combatir realmente a la delincuencia.
Por como se ven las cosas, su presencia será necesaria no solo hasta el 2028 como votaron los diputados y senadores y los congresos locales en estos momentos, sino hasta que sean necesarios para garantizar la paz.
Y solo será posible que las funciones de seguridad pública sean realizadas por civiles cuando nuestras policías estén capacitadas, bien pagadas, que gocen de la confianza de los ciudadanos y que nos garanticen la tranquilidad a la que tenemos derecho todos.
Y no solo eso, no debe parar ahí, para que vivamos en un país realmente seguro, necesitamos ministerios públicos, jueces honorables, capacitados y bien pagados, con los recursos suficientes para realizar su labor. Impulsar la presencia de defensores públicos que protejan los derechos de los que no tienen para pagar una defensa adecuada.
Exigir que si alguien comete un delito que se le castigue y que pague su sentencia en cárceles que reúnan las condiciones de seguridad y aseguren la readaptación para que los infractores una vez cumplida su pena puedan reintegrarse a su familia y a la sociedad.
Y entonces sí, aunque se vea lejano y difícil de alcanzar, viviremos en paz y con justicia como merecemos vivir todos.
