Reforma electoral: ¿Ser oposición o suicidarse?
Por Morelos Canseco Gómez
En condiciones de riesgo para la democracia electoral de nuestro país llegamos a la tercera de las adecuaciones al orden constitucional que se planteó hace más de un año el presidente de la República. Sin los votos garantizados a la luz del porcentaje de integración de quienes conforman las cámaras federales y son miembros del partido oficial o de sus aliados, la construcción de acuerdos habría sido la vía para alcanzar las mayorías calificadas necesarias.
La iniciativa de modificaciones a la Ley Fundamental para devolver a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio del mercado eléctrico se enfrentó a la negativa de los partidos opositores en la Cámara de Diputados. Quienes forman parte de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD votaron en contra y el proceso legislativo no llegó al Senado. La derrota gubernamental condujo al distractor de ir a las modificaciones de la Ley Minera para señalar lo que ya decía la Norma Suprema, que el litio que se encuentra en el subsuelo es de la Nación, si bien con el ingrediente de retirar a los particulares de su aprovechamiento mediante la solicitud y obtención de la concesión correspondiente.
Después se presentaron las propuestas en materia de seguridad pública en una doble vertiente: la de carácter constitucional y la de carácter legal secundario. En ésta se reformaron varias leyes para decir lo que no sustenta la Constitución: que la Guardia Nacional es una institución bajo el control y la administración del Ejército. Y en la primera, que las Fuerzas Armadas podrán ser objeto de la determinación presidencial para hacer tareas policiales no hasta 2024, sino hasta 2028, dado el retraso en la formación de la institución policial civil federal que ordenó la reforma constitucional de 2019 para formar la Guardia Nacional.
Las reformas legales no fueron respaldadas por las oposiciones y están impugnadas en la Corte por inconstitucionales; y la reforma constitucional, con base en las y los legisladores priistas que la apoyaron en la Cámara de Diputados y en las y los senadores priistas y perredistas que la respaldaron en la cámara revisora lograron transitar hacia el conocimiento y votación de las legislaturas locales. La reforma se logrará. El saldo para los derechos humanos es grave e igual para la política: feneció el Bloque de Contención del Senado que se articuló en los primeros meses de 2019 para hacer valer el punto de vista y el concurso de la pluralidad en las iniciativas de reformas constitucionales.
Estos son los antecedentes inmediatos para dar contexto al inicio de los trabajos en la Cámara de Diputados sobre el tercer interés presidencial de modificaciones constitucionales: la reforma electoral. Los otros componentes para apreciar el tema son -desde luego- la pertinaz descalificación de las instituciones electorales del país, particularmente del Instituto Nacional Electoral, sobre la base de la inversión pública necesaria -excedida o alta a juicio del Ejecutivo Federal- para el funcionamiento de los sistemas electoral y de partidos de la democracia mexicana.
Mal empieza la semana para quien ahorcan el lunes señala el dicho popular. Mal inicia para las oposiciones la deliberación sobre la reforma electoral; sin el bloque opositor que frenó la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y sin el Bloque de Contención en el Senado está presente la duda sobre la adopción de acuerdos que antepongan el concurso de los votos necesarios a la actuación unida de la pluralidad política ante las propuestas que integran las reformas constitucionales electorales impulsadas por Palacio Nacional.
La prueba para las oposiciones es mayor y los riesgos son enormes, sin que puedan eludirse todos. Más allá de los requisitos formales para modificar la Constitución, hasta ahora las modificaciones a la Ley Suprema en materia electoral han estado sustentadas en un diálogo amplio y un acuerdo de similar magnitud de las fuerzas políticas.
Si se trata de revisar las reglas constitucionales del acceso al poder público, la legitimación del concurso más extendido ha sido un componente indispensable para todas esas reformas. Ese consenso no le atrae al gobierno y la mayoría oficial porque no pretenden legitimación para las modificaciones, sino la mayoría calificada necesaria.
Por ende, lo ocurrido en procesos previos de reformas constitucionales electorales -de 1977 para acá- no constituye el espíritu rector del desarrollo de esas modificaciones en la legislación secundaria, sino un texto para apreciar qué límites emanan de las normas constitucionales para emprender las reformas electorales. No es una distinción formal, sino de fondo: acuerdos limitados o necesarios en el plano constitucional y campo abierto -hasta donde alcance- para ir a las reformas legales.
Y el tiempo está corriendo porque los cambios al orden jurídico secundario en esta materia -si van a aplicarse en los comicios de 2024- requieren haber entrado en vigor 90 días antes del inicio del proceso electoral federal de ese año en la primera semana de septiembre.
El gran reto de los planteamientos de reforma electoral sin haberse procesado en un espacio plural de construcción de entendimientos y acuerdos es que la propuesta emana del poder ejecutivo y el partido de la mayoría oficial. Se entiende que si ahora esos ámbitos proponen modificaciones es porque discrepan de las reglas que se aplicaron para ser electos. Está claro que no estamos ante una reforma demandada por las oposiciones para establecer condiciones mejores en la competencia electoral. Es la propuesta de la mayoría. Por ello, poco o nada se entendería la convergencia de alguna parte de las oposiciones para hacer posibles las modificaciones constitucionales.
En el juego de espejos de nuestra política, ¿se puede construir un acuerdo amplio para mejorar el sistema electoral y el sistema de partidos? o ¿se es oposición ante el embate de la mayoría y se rechazan las propuestas de modificaciones a la Ley Fundamental? Lo primero no ha estado realmente la mesa en ningún momento, porque no son reformas para atender las reclamaciones de las oposiciones. La segunda se aprecia a la luz de lo ocurrido en la reforma para ampliar el tiempo en el cual las Fuerzas Armadas podrán realizar tareas de seguridad pública.
En la sociedad polarizada de hoy, colaborar con el gobierno y su partido es dejar de ser opción para quienes discrepan del populismo presidencial y la ausencia de resultados de la gestión gubernamental.
En esta materia colaborar con el régimen imperante es suicida. Basta revisar la mecánica presidencial de casi cuatro años para apoderarse de los espacios y los procedimientos que le garantizan la concentración del poder en Palacio Nacional. No solo hay un rechazo a los contrapesos, sino que hay un diseño para capturarlos y anularlos. No es momento de condescender a reformas relevantes pero políticamente ingenuas, como llevar al orden jurídico criterios emanados de las sentencias del Tribunal Electoral, como las postulaciones de candidaturas para personas de grupos vulnerables.
Al apreciarse que el ánimo oficial es la destrucción de los contrapesos, el constituido por las oposiciones se vulnera en la revisión de las reglas que le permiten acceder a las funciones representativas con el sufragio popular.
Y eso es sólo lo constitucional. Si se logran esas reformas se cerrarán espacios para la pluralidad. Si se impiden vendrá la intención de hacerlo con la mayoría oficial en las leyes.
Por supuesto que hay que defender al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral y a las instituciones electorales locales. Su imparcialidad y autonomía son indispensables para que el sufragio libre en elecciones justas y competidas sea sustento de quienes son electos para desempeñar cargos depositarios de poder público, porque las cuestiones mayores son las libertades políticas y la democracia electoral. No es solo un asunto de partidos y parlamentarios, es de ciudadanos y sus derechos para definir quién y cuándo accede a un mandato popular.
