Rendir cuentas: ¿Soberano uniformado?
Por Morelos Canseco Gómez
En el ámbito castrense la democracia es concepto extraño. Sus integrantes son cincelados a partir de la disciplina y la obediencia al mando, no de la deliberación y las razones y las evidencias para convencer.
No me refiero a los derechos políticos de quienes conforman las Fuerzas Armadas en su condición de ser parte de la ciudadanía. Elegir y ser electos; reclamar el ejercicio del poder a través de medios democráticos, y esperar la evaluación de los resultados a partir de los controles de los órganos emanados de la voluntad popular.
Esas tres facetas del sistema democrático no son la preocupación presente para apreciar a quienes -en calidad de personas ciudadanas- son parte del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
En el creciente, desbordado e inconstitucional papel que el Ejecutivo de la Unión ha dado a las Fuerzas Armadas, una derivación inmediata y lógica de la mayor exposición pública de sus ámbitos de mando es el cada vez más amplio y preciso escrutinio de la sociedad, que a través de organizaciones civiles y de medios de comunicación independientes del gobierno ponen en nuestro conocimiento los componentes del comportamiento y las actuaciones inconsistentes, irregulares e incluso presuntamente ilegales de los mandos castrenses.
No puede soslayarse que en la dualidad de funciones confiadas a los respectivos altos mandos del Ejército y Fuerza Aérea y de la Armada radica el ángulo desde el cual se les observa. Son titulares de sendas dependencias federales en la administración pública, son secretarios del despacho de las carteras de la defensa nacional y de marina; y son titulares del mando de los cuerpos castrenses adscritos al cumplimiento de funciones militares en una y otra secretarías. Hay responsabilidades como mandos castrenses y las hay como servidores públicos titulares de esas dependencias.
Quizás a esta dualidad deba atribuirse la ausencia de voluntad para ejercer sus encomiendas administrativas bajo reglas democráticas y para hacer de la rendición de cuentas una práctica cotidiana. Sólo distingamos que son cosas muy distintas: a) presentar información en el programa de noticias y opiniones gubernamentales que casi a diario lleva a cabo el presidente de la República, y b) rendir cuentas de las acciones propias y de los resultados obtenidos y evaluados.
Al General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, se le está acumulando un gran rezago en las cuentas que debe rendir a la sociedad mexicana.
En pinceladas, pero el trazo se percibe con claridad, incluso a distancia. No se requiere de una graduación de gravedad, basta la enunciación de lo que viene inmediatamente a la memoria: (i) la asunción de múltiples funciones ajenas a la disciplina militar por parte del Ejército, en contra de la limitación constitucional expresa; (ii) el tenaz incumplimiento de la reforma constitucional de 2019 para que la Guardia Nacional se constituyera, formara y actuara como una institución policial civil de la Federación; (iii) la masiva sustracción de información de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), no con la complejidad de exhibir algunas cuestiones que delatan el patrimonialismo con el cual se administra la dependencia, sino de debilitar las capacidades para la atención de los riesgos y amenazas a la seguridad nacional; (iv) la revelación del espionaje que el Centro Militar de Inteligencia realiza de particulares sin el sustento legal indispensable; (v) la información hecha pública por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Fábrica de Periodismo sobre los viajes de la familia del General Sandoval a Nueva York e Italia, con costos que no guardan proporción con la remuneración mensual por sus servicios o se sustentan en el cumplimiento de tareas oficiales; y (vi) la nueva investigación de MCCI sobre la adquisición de un inmueble en un conjunto de super lujo en Huixquilucan, Estado de México, por un valor de 9 millones de pesos con un crédito hipotecario del Banco del Ejército a la socia de una empresa proveedora de la SDN.
Nótese que cuatro cuestiones están vinculadas al ejercicio de la función y la forma en la cual se desempeña y las otras dos conductas revelarían aparentes privilegios personales por el cargo conferido. Habría muchos aspectos de indispensable atención e información para la sociedad alrededor de estos asuntos. Sin embargo, la tutela presidencial releva de la auténtica rendición de cuentas.
No se asume que la Constitución vincule y obligue al alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea. Tampoco se acepta que los errores en la gestión -y más los que tienen consecuencias para la seguridad nacional- deberían tener repercusiones, incluso para salvar la credibilidad del gobierno. Y menos se considera que sea una necesidad dar la justificación transparente del uso de medios y recursos públicos para planear y realizar viajes recreativos al extranjero de familiares y amigos, o responder con algo más que palabras a la legítima inquietud ciudadana sobre la incorporación al patrimonio del secretario Sandoval de un inmueble cuyo costo estaría muy alejado del valor de propiedades de ubicación y características similares.
Parece evidente que no habrá procedimientos administrativos ni investigaciones para fincar responsabilidades. Sólo la expresión oral como justificación de que no hay materia para la duda, la crítica y el reproche. No hay apertura a procedimientos imparciales de rendición de cuentas. Mero esfuerzo de controlar daños.
¿Será por el simple empoderamiento y la protección presidencial? ¿Será por la confusión mayor sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el proyecto populista de López Obrador?
Preocupa más lo segundo porque implicaría que de la retórica de que el Ejército es el pueblo uniformado, y del postulado de que la soberanía reside en el pueblo, ahora se vea el alto mando del Ejército como soberano uniformado. Puede ser, porque en el absolutismo el soberano no rendía cuentas pues no estaba sujeto a la ley.
