Revocación de mandato: ¿Oportunidad o gambito?
Por Morelos Canseco Gómez
(Segunda parte)
Quizás el primer y principal problema del proceso de revocación de mandato que alienta el presidente de la República es su abierta tergiversación. Por más clara que sea la normativa constitucional en que no se trata de la “ratificación” –absurda, por innecesaria–, el inquilino de Palacio Nacional asume la figura como lo que no es; como lo que hoy les conviene que fuera.
El gambito empieza con la transformación del instrumento y el propósito de disolver su sentido y detonante principal: la pérdida generalizada de la confianza en el titular del Ejecutivo Federal. ¿No es contradictorio que quien presume de mediciones a la opinión pública nacional que lo reportarían como uno de los ejecutivos –comparativamente con otros– más populares del planeta, busque que –al menos– el 3 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores se identifiquen y firmen un formato de solicitud del proceso de revocación por no ser digno de confianza para gobernar?
Tratar de apreciar cómo construiría la estratagema implica darle un vistazo a la mecánica de esta figura. Se requieren (al corte del 6 del mes actual) 2 millones 720 mil 458 formatos suscritos y acompañados de la copia de la credencial para votar (supongamos que con el uso de medios físicos y digitales autorizados por el INE), que se encuentren distribuidos en un mínimo de 17 entidades federativas, con la característica de que, en cada una, se logre el 3 por ciento de solicitudes de su propio listado nominal de electores.
Para el actual período presidencial, esa recolección de formatos firmados podrá hacerse entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre entrantes; un total de 45 días, que requerirían un promedio de 60 mil 455 formatos diarios, con la distribución geográfica necesaria. No parece una empresa fácil para la espontaneidad ciudadana. Recordemos los cuatro esfuerzos para realizar sendas consultas populares en 2015, todas impulsadas por partidos políticos, o el intento de reunir firmas para la consulta popular de ese año y que, aún con el involucramiento del partido del gobierno, no tuvo éxito, propiciándose que fuera el Ejecutivo de la Unión quien la propusiera.
¿Cómo podría asegurarse el manifiesto primer interesado en estar en la boleta del proceso de revocación y ser votado para permanecer en el cargo, que haya convocatoria? Existen, a la vista, tres ámbitos para lograr ese 3 por ciento en la distribución geográfica necesaria: (i) quienes militan en los partidos que sustentan la gestión del Ejecutivo. Con datos al 2020, el Movimiento de Regeneración Nacional (MRN) cuenta con 466,931 militantes; el Partido del Trabajo con 448,492 y el Partido Verde Ecologista de México con 660,874; (ii) quienes son beneficiarios de los programas sociales emblema de la administración, vgr., 7,860,353 personas adultas mayores, 428,128 participantes en Sembrando Vida, 3,939,589 becarios “Benito Juárez” de educación media superior, o 900,852 personas con discapacidad permanente, por mencionar algunos; y (iii) quienes pueden ser convocados a ello por la estructura de los gobiernos locales afines al presidente de la República.
Cuando constitucionalmente arranque el período para recabar las firmas y las copias de la credencial para votar, ya estarán en su cargo las y los ejecutivos electos –salvo lo que resuelva la Sala Superior del Tribunal Electoral– en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, que aunados a los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, conjuntan 18 entidades con mandatarias o mandatarios comprometidos con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
Con estos elementos, podría ser interesante dilucidar, por ejemplo, si algún militante del MRN, PT o PVEM, o alguna persona beneficiaria de los programas mencionados, solicita la revocación del mandato del presidente por haberle perdido la confianza; o de quienes concurrieron a votar en la consulta del 1 de agosto en curso y que pueden presumirse como sus simpatizantes. La realización de cruces muestrales sería una fuente de información valiosa en torno al uso de la figura con base en la abierta simulación. Es decir, los partidarios y quienes pueden suponerse como simpatizantes, ¿por qué querrían remover a López Obrador del cargo? Sólo porque sea parte de la estrategia electoral del gobierno.
Esta fase de la mecánica de la revocación de mandato es compleja y demanda recursos humanos, técnicos y económicos. ¿Valdría la pena, para alguien más que no sea el propio partido en el gobierno y el gobierno federal mismo, embarcarse en esta tarea, cuando –por ejemplo– la aprobación ciudadana al presidente la República publicada la semana anterior por El Financiero reporta que es del 60 por ciento, con avance de cuatro puntos con respecto al mes anterior?
Si con un gobierno carente de resultados objetivos, que se manifiesta en esa misma encuesta en los rubros de combate a la corrupción, seguridad y manejo de la economía, la aceptación de la figura presidencial no desciende, es por demás improbable que vaya a deteriorarse y derrumbarse en los próximos seis meses.
Con esos números, la polarización que promueve el Ejecutivo, la campaña que haría sin reparar en violar la Constitución y la tradicional forma en la cual nuestra población se vincula con un mandatario en el apogeo del cargo, el proceso de revocación de mandato implicaría el muy alto riesgo de obsequiarle el escenario para repetir la narrativa de campaña e infringir una derrota a quienes no coinciden con su proyecto y su forma de conducir los asuntos públicos de la Nación.
Si en la mecánica de la solicitud del proceso hay dificultades y sutilezas, y en la realización del mismo existen componentes que lo pueden convertir –muy probablemente– en una arena de violaciones a la norma y de confrontación basada en la reclamación del derecho de hacer campaña porque se rechace la revocación y se le “refrende”, la mecánica de que fuera retirado del cargo con una participación del 40 por ciento de la lista nominal de electores, como mínimo, pinta un panorama muy desagradable.
No es sólo retirar al Ejecutivo electo, sino entrar al procedimiento para su sustitución en esa situación. El país en franco retroceso y ¿la elección por el Congreso de un presidente sustituto para concluir el período? Le recuerdo quiénes y cómo lo elegirían: las Cámaras en sesión de Congreso General con quórum de asistencia calificado de las dos terceras partes en cada una de ellas. Como se requieren 334 diputadas y diputados y 86 integrantes del Senado, para la sola instalación de ese Colegio Electoral se requieren acuerdos entre los grupos parlamentarios; acuerdos que incluirían el nombre de la persona que asumiría el cargo, o no habría sesión. Un impasse limitado a los 30 días de la presidencia provisional de quien en ese momento ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados, pero de gran incertidumbre e intranquilidad para el país.
Por supuesto que elegir a un presidente interino o sustituto implica valorar la situación y acordar (período 1928–1932 en nuestro país), pero en el clima presente y en el que podría venir, con la integración de la LXV Legislatura Federal, es mejor –aunque la gestión sea deficitaria– la persona legitimada por el resultado electoral de 2018. No vayamos a tener nuestro Frank Underwood. Que la evaluación de su gestión sea la conclusión de la ciudadanía en 2024, con quien identifique como su propuesta de continuidad.
Para las oposiciones ir a la revocación es concurrir a su propia derrota y el saldo revocatorio no tiene visos de buen tránsito.
Reprimir. Intolerantes son las reacciones de quien carece de razones. Saludos Jorge F. Hernández.
