El pasado once de febrero, ya para terminar el día, el estado de Nuevo León vivió momentos de angustia cuando en la cárcel de Topo Chico se escenificó una sangrienta pelea campal entre dos bandos de internos, con un saldo que la colocó como la tragedia más grande en una cárcel mexicana de los últimos tiempos.
Cuarenta y nueve presos murieron al pelear con tal crueldad que las autoridades tardaron varias horas en recuperar el control del centro de reclusión, además de provocar en las inmediaciones revueltas de los familiares de los internos, quienes se manifestaron con justificada razón al no tener información oportuna sobre sus seres queridos.
El Gobierno de aquella entidad, bajo el mando de JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, asumió rápidamente las consecuencias de los hechos y puso a trabajar de manera rápida los canales de comunicación para mantener informada a la población, a través de la prensa que se avocaron a la cobertura de rigor.
Al final del día, la cifra de muertos dejó al descubierto que el sistema carcelario nacional es una cuenta pendiente de todos. Tanto los gobiernos estatales, como el nuevoleonés, como el federal, saben que la rehabilitación como tal no existe y, lo peor, que en una gran cantidad de penales existen autogobiernos, dada la fragilidad que persiste aún en la seguridad pública.
Los problemas de las cárceles son múltiples. Comenzando por la sobrepoblación, también hay que tomar en cuenta que no existe separación por módulos de los internos que están en espera de una sentencia con los que ya purgan la respectiva; además, quienes cayeron por violar leyes del fuero común interactúan también con los del fuero federal.
Un hipotético caso. Si un joven de 18 años es detenido por robar una bicicleta, una vez que se le dicta auto de formal prisión, es enviado a una cárcel en la que probablemente compartirá celda con un asesino múltiple que además fue sentenciado por el delito de participar en la delincuencia organizada y que, lógicamente, pasaría más de dos décadas preso.
Es decir, un muchacho sin mucha malicia, primodelincuente, puede ser colocado tras las mismas rejas junto al peor de los narcotraficantes. No estamos exagerando, igual le puede pasar a un contador público que cayó en la tentación de omitir pagos a Hacienda que a un conductor que bajo los influjos del alcohol atropelló y mató imprudencialmente a un peatón.
De ese tamaño es el desafío de las cárceles mexicanas.
TOPO CHICO, LUZ DE ALERTA
El mismo doce de febrero, el mandatario de Nuevo León solicitó el apoyo del Gobierno de la República, consciente que la magnitud del problema de la inseguridad, en lo general, y de la masacre en Topo Chico, en lo particular, rebasa por mucho la capacidad de su naciente administración estatal. Y no se trata de que el Gobernador mejor conocido como “EL BRONCO” haya llegado por la vía independiente.
Por supuesto que no. El flagelo de la delincuencia organizada no reconoce partidos políticos ni clases sociales, por ello al nuevoleonés se le reconoce que optó con prudencia al reconocer sus limitaciones, para solicitar la ayuda del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, quien además es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que resultan vitales en estos esfuerzos.
La respuesta no se hizo esperar por parte del Gobierno federal. El mandatario estuvo el pasado viernes 19 de febrero precisamente en la vecina entidad, en donde encabezó la celebración del 103 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, además de inaugurar un flamante cuartel en el municipio de General Escobedo, que coadyuvará en las tareas de seguridad pública en la región noreste, Tamaulipas incluido.
Ahí, ENRIQUE PEÑA NIETO comprometió su apoyo para las autoridades estatales, en el “impulso a cambios de fondo” al sistema nacional penitenciario. “Frente a coyunturas como la ocurrida hace unos días en el penal de Topo Chico (…) el Gobierno de la República seguirá trabajando en coordinación con las autoridades estatales”.
Por su parte, el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, consideró que el motín en Topo Chico “es la alerta para poder revisar el resto (de las cárceles en el país)”, lo cual fue bien recibido por los gobernadores presentes, como fueron RUBÉN MOREIRA VALDÉS, de Coahuila; JUAN MANUEL CARRERAS, de San Luis Potosí, y EGIDIO TORRE CANTÚ, de Tamaulipas, además del anfitrión.
Ahora tocará turno a los mandatarios estatales y, en casos como el de Tamaulipas, a los candidatos a gobernador, para saber qué harán los primeros y qué prepararán como oferta de campaña los segundos, para mejorar sustancialmente la crisis de los penales.
Ahí está la oferta de ayuda; ahí está el gran desafío.
DE LA AGENDA LEGISLATIVA
La semana pasada, la Cámara de Diputados continuó con su labor legislativa y, entre otras acciones interesantes, aprobó el decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y que tiene como fin noble que los derechohabientes puedan acceder a un segundo crédito para vivienda.
Esta añeja demanda de los empleados de la burocracia federal tuvo el visto bueno de los legisladores federales como MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM, quien representa a los victorenses en esta Cámara del Congreso de la Unión, por lo que será cuestión de días para que entre en operación esta nueva opción para los cerca de 16 mil tamaulipecos que laboran para el Gobierno de la República en la entidad.
Lógicamente que no todos estarían en este supuesto del segundo crédito, por lo que no está de más informarles que algunos de los lineamientos a considerar es que los derechohabientes deberán tener depósitos constituidos en su favor por más de 18 meses en las Subcuentas del Fondo de Vivienda.
Así como haber liquidado el primer crédito otorgado de forma regular, tener un máximo de 64 años once meses de edad, en tanto que no podrá participar en programas de subsidio federal y los gastos notariales que se generen serán a cuenta del acreditado.
Ahora sí que después de la labor legislativa, cuentas claras…
PROCESO ELECTORAL TAMAULIPAS 2016
Mientras el precandidato a gobernador de nuestro partido, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, sigue con sus encuentros con las bases priistas, entre la oposición iniciaron esta etapa en medio de un mar de asuntos legales, toda vez que los aspirantes a la candidatura panista no son considerados precandidatos como tal.
Lo peor del caso es que sus dirigentes han comenzado a descalificar al árbitro electoral, al Ietam, asegurando que las acciones que emprenden los consejeros son para favorecer a los priistas. Resulta obvio que no les asiste la razón porque el Instituto tiene que hacer cumplir las reglas del juego, las cuales son para todos y todos los participantes deben acatarlas.
Las más recientes resoluciones solicitaban el fin de la campaña interna de los panistas, lo que provocó una airada reacción del Presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, generando mucho ruido cuando aún no inician las campañas constitucionales. El origen de todo fue el método elegido para seleccionar a su candidato.
El PAN apostó a la designación directa y por lo tanto no puede haber dos precandidatos.
¿“LIKE”? Hasta aquí nuestro ejercicio comunicativo de este lunes. Les comparto mi correo electrónico y mis cuentas de redes sociales en busca de una sana retroalimentación, buscando entrar a esta REVOLUCIÓN (MX) de la que parece nadie quedará exento. Nos leemos pronto y que tenga una excelente semana.
