#Opinión ✒️ II
La Reforma Electoral: entre la necesidad democrática y la soberanía política
Enrique Diez Piñeyro Vargas
En una colaboración editorial publicada el 11 de agosto de 2025, titulada “REFORMAS QUE MARCAN ÉPOCA: DEL LEGADO DE REYES HEROLES AL DESAFÍO DE SHEINBAUM”, abordamos lo que entonces apenas comenzaba a perfilarse en el horizonte político: la reforma político-electoral que preparaba la presidenta de México.
Durante meses el tema se movió entre filtraciones, especulaciones y el inevitable circo mediático que suele acompañar cualquier intento de modificar las reglas del juego democrático en nuestro país. Finalmente, el documento enviado por el Ejecutivo Federal llegó a San Lázaro, detonando reacciones inmediatas. La oposición fijó postura desde el primer momento: rechazo frontal y sin matices.
Sin embargo, las reservas no provinieron únicamente de los partidos opositores. Desde distintos espacios del análisis político se advertía que la iniciativa tampoco sería recibida con entusiasmo absoluto por los aliados legislativos de Morena —PT y PVEM—, partidos cuya supervivencia política ha dependido, en buena medida, de los mecanismos de representación proporcional.
Conviene partir de la premisa elemental que toda democracia necesita revisar periódicamente sus reglas electorales. Ningún sistema político puede considerarse acabado. Las instituciones evolucionan o terminan volviéndose irrelevantes. Pero una reforma electoral seria no puede construirse desde la improvisación, ni desde la lógica de la mayoría momentánea. Requiere memoria histórica, técnica jurídica y, sobre todo, visión de Estado.
Toda discusión sobre reformas electorales en México conduce inevitablemente a 1977, cuando desde la Secretaría de Gobernación Jesús Reyes Heroles impulsó una de las transformaciones políticas más trascendentes del siglo XX mexicano. En un contexto en el que muchos dentro del régimen apostaban por endurecer el control político, Reyes Heroles optó por la ruta contraria: abrir el sistema.
Legalizó partidos proscritos, introdujo la representación proporcional para garantizar la presencia de minorías en el Congreso y reconoció institucionalmente el pluralismo político. No fue una concesión a la oposición. Fue, más bien, un acto de inteligencia política. El sistema entendió que si no abría espacios de participación terminaría asfixiándose en su propia rigidez.
De esa reforma derivan conceptos que hoy forman parte del ADN democrático mexicano: alternancia, pluralismo legislativo, representación de minorías y competencia electoral real. Fue una reforma construida desde la previsión política, no desde la arrogancia del poder.
Con el paso del tiempo, sin embargo, el modelo de representación proporcional fue acumulando distorsiones que lo alejaron de su espíritu original. Las listas plurinominales comenzaron a funcionar, en muchos casos, como instrumentos de control interno de los partidos. Las dirigencias partidistas encontraron en ellas un mecanismo cómodo para colocar perfiles incondicionales, pagar compromisos políticos o asegurar posiciones estratégicas para determinados grupos de poder.
El resultado ha sido evidente: legisladores sin arraigo territorial, sin experiencia parlamentaria y, en ocasiones, sin la menor representatividad frente al electorado. Ese es el verdadero problema. Ese deterioro del sistema es, sin duda, uno de los argumentos que hoy justifican revisar el modelo.
La iniciativa presentada por la presidenta plantea modificaciones importantes. En el Senado de la República, se propone eliminar la lista nacional de representación proporcional, reduciendo la integración de la cámara a 96 escaños.
En la Cámara de Diputados, el planteamiento consiste en modificar el método de asignación de las 200 diputaciones plurinominales. De acuerdo con la propuesta, 100 diputaciones se asignarían a candidatos que compitieron por mayoría relativa y que, aun sin ganar su distrito, obtuvieron una votación considerable.
Las otras 100 provendrían de listas partidistas, pero con una condición distinta a la actual: quienes aspiren a ellas tendrían que realizar campaña dentro de las cinco circunscripciones electorales y obtener respaldo ciudadano suficiente para encabezar dichas listas. La lógica detrás de esta idea parece vincular la representación proporcional con un respaldo electoral real, no únicamente con decisiones cupulares, sino con una representación territorial asociada a cada circunscripción.
En ese mismo contexto también se contempla la posibilidad de reservar espacios dentro de estas listas para la representación de comunidades migrantes, con el propósito de que los millones de mexicanos que residen en el exterior puedan contar con una voz política más directa dentro del Congreso.
En lo personal, varias de estas ideas coinciden con una propuesta que en su momento planteamos bajo un esquema distinto, pero con el mismo objetivo de fortalecer la legitimidad electoral de quienes llegan al Congreso.
La propuesta consistía en lo siguiente:
1. Reducir el número de diputados de representación proporcional de 200 a 100.
2. Mantener las cinco circunscripciones federales actualmente vigentes.
3. Asignar esas 100 curules mediante el método de primera minoría, distribuidas aproximadamente en 20 por circunscripción.
4. Otorgarlas a los mejores segundos lugares dentro de cada circunscripción, es decir, a candidatos que compitieron directamente frente al electorado.
Tomando en cuenta que cada circunscripción concentra entre 18 y 20 millones de electores, de acuerdo con datos del padrón del INE a julio de 2025, este modelo permitiría preservar la pluralidad política, pero ligándola directamente al desempeño electoral.
Para el Senado de la República, la propuesta era aún más sencilla: simplemente eliminar la lista nacional de 32 senadores plurinominales. Con ello, la pluralidad seguiría existiendo, pero desaparecería uno de los mecanismos más cuestionados de designación partidista.
La iniciativa presidencial también contempla otras medidas que han alimentado el debate público, y es importante exponerlas:
• Reducción del gasto del Instituto Nacional Electoral.
• Disminución de sueldos de altos funcionarios de los órganos electorales.
• Reducción significativa de las prerrogativas públicas de los partidos políticos.
• Revisión del modelo de financiamiento electoral para privilegiar campañas más austeras.
• Fiscalización financiera en tiempo real de partidos.
• Inicio de cómputos distritales desde la misma noche de la jornada electoral para acelerar la certeza en los resultados.
• Ajustes al esquema de tiempos oficiales en radio y televisión durante procesos electorales.
• Simplificación administrativa de los organismos electorales locales.
• Homologación de criterios entre tribunales electorales estatales y federales.
• Regulación del uso de inteligencia artificial en campañas.
• Incorporación de mecanismos de democracia participativa que permitan convocar consultas ciudadanas con un porcentaje reducido de firmas.
Un elemento particularmente relevante y poco discutido es que cualquier modificación en la representación proporcional federal terminaría impactando inevitablemente a los congresos locales y a los cabildos municipales, reconfigurando una parte importante de la arquitectura política del país.
Hasta aquí, el debate podría ser perfectamente legítimo. El problema no radica en discutir si debe mantenerse o modificarse la representación proporcional. Ese es un debate válido, necesario y hasta inevitable en una democracia madura.
El problema ha sido la forma. La presidenta y la comisión encargada de elaborar la iniciativa parecieron convencidos de que su diagnóstico era suficiente y que bastaba con presentarlo para que el resto del sistema político lo aceptara. No se construyeron puentes. No se generaron condiciones reales de diálogo. Los llamados foros de consulta terminaron pareciendo más ejercicios de legitimación política que verdaderos espacios de deliberación democrática. Cuando la discusión pública se vuelve un simple trámite, el debate deja de ser democrático y se convierte en una escenografía.
Y si algo ha sobrado en este proceso ha sido soberbia política. Especialmente de algunos personajes que hoy se presentan como los nuevos arquitectos de la democracia mexicana, olvidando convenientemente que su trayectoria política también transcurrió durante décadas dentro del mismo sistema que ahora dicen haber venido a redimir.
Por todo lo anterior, todo indica que esta reforma difícilmente prosperará en los términos planteados. Para lograr su aprobación, la presidenta tendría que ceder concesiones importantes a sus aliados políticos: posiciones, candidaturas y garantías electorales futuras. Blindarlos con gubernaturas, alcaldías o diputaciones aseguradas mediante la maquinaria electoral del partido dominante. Pero hacer eso tendría un costo desmedido dentro de su propio movimiento.
Por ahora, el escenario más probable es que esta reforma termine atrapada entre dos realidades: la necesidad real de modernizar el sistema electoral y la arrogancia política de quienes pretendieron hacerlo sin construir acuerdos.
La historia política mexicana ofrece lecciones clarísimas y se entiende que las reformas electorales que perduran son aquellas que nacen del consenso. Reyes Heroles lo entendió hace casi medio siglo.
Las reglas del poder no se cambian desde la comodidad de la mayoría, sino desde la responsabilidad histórica de quien entiende que la democracia es siempre una obra colectiva. Quizá valdría la pena recordarlo antes de intentar reinventar la democracia desde la cómoda posición del poder… y sin la paciencia que exige construir acuerdos duraderos.
“La política exige responsabilidad histórica.”
– Jesús Reyes Heroles –
