#Opinión ✒️ || PRIMER INFORME: LA HORA DE LA PRESIDENTA Y EL JUICIO DE LA NACIÓN
Por Enrique Diez Piñeyro Vargas
El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, “en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.” Lejos de ser un mero trámite, este precepto constituye un deber jurídico de rendición de cuentas, piedra angular de toda república democrática, y encuentra su momento solemne cada 1º de septiembre, fecha en la que la nación recibe de manera formal un balance por parte del ejecutivo federal, reafirmando la transparencia y el control ciudadano sobre el ejercicio del poder.
Un informe no es un ritual vacío. Es el espejo donde se mira un país entero: lo alcanzado, lo omitido y lo que aún duele. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo llega a este momento con la oportunidad de demostrar que puede gobernar con independencia de la sombra que la precedió, y con la obligación de enfrentar los desafíos más profundos de México.
Citando fuentes del INEGI y el Banco de México, los actuales indicadores económicos muestran una aparente resiliencia. Entre enero y julio de 2025, las exportaciones mexicanas crecieron cerca de un 5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones totales superaron más de 310 mil millones de dólares, apenas un 0.2 % más que en 2024. No obstante, esta fortaleza comercial oculta una vulnerabilidad estructural crítica, ya que más de 80 % de las exportaciones no petroleras de México tienen como destino Estados Unidos.
Esta alarmante concentración limita la autonomía económica del país y nos expone directamente a los cambios de las políticas comerciales de nuestro principal socio. La integración regional ha sido un sostén en el corto plazo, pero también ha relegado la construcción de una política industrial interna capaz de diversificar mercados y generar valor agregado nacional. Hoy, el reto para este gobierno no es presumir cifras macroeconómicas alentadoras, sino reducir una fragilidad estructural que convierte a México en un socio subordinado, más que en un actor estratégico dentro de la región.
En paralelo, los programas sociales, hoy elevados a rango constitucional, han extendido derechos y dado alivio inmediato a millones de familias. Nadie puede negar su efecto redistributivo, pero el costo es enorme y el dilema evidente: lo que hoy se financia con amplitud, mañana podría volverse una carga insostenible para el erario. Una estabilidad no puede vivir solo de transferencias; requiere inversión productiva, planeación fiscal de largo plazo y un diseño que no dependa de la voluntad presidencial, sino de una verdadera política de Estado.
La violencia, sin embargo, sigue siendo el talón de Aquiles del país.
La estrategia de seguridad si ha presentado avances en algunos frentes, pero la percepción ciudadana se mantiene: el miedo aún gobierna las calles en muchas zonas del territorio mexicano. En este contexto, Omar García Harfuch ha emergido como la figura de mayor peso dentro del gabinete, el hombre fuerte de la presidenta y la carta estratégica para la consolidación de este gobierno. Su futuro político dependerá si los resultados lo respaldan y logra traducir el control operativo en seguridad tangible para la ciudadanía.
La relación con Estados Unidos se ha tornado más ríspida. Donald Trump ha endurecido su trato hacia México, colocando la lucha contra el narcotráfico como moneda de presión. La entrega de capos a las autoridades estadounidenses, aunque muestra cooperación, refleja también la delgada línea entre la colaboración internacional y la subordinación. En ese tablero complejo, la labor de Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente ha sido esencial para mantener el equilibrio diplomático, contener los embates externos y proteger a los connacionales.
Para un primer año de gobierno, es aún temprano poder evaluar a fondo las grandes obras de infraestructura. Sin embargo, esta administración ha comenzado a delinear proyectos estratégicos en movilidad urbana, modernización ferroviaria de pasajeros, ampliación de puertos y fortalecimiento de corredores industriales en el marco del T-MEC. Son iniciativas que, de concretarse con transparencia y visión de largo plazo, podrían detonar inversión y empleo.
En el rubro de vivienda, se ha anunciado un programa ambicioso orientado a la construcción de unidades habitacionales accesibles y a la regularización de asentamientos irregulares en zonas urbanas. La narrativa oficial habla de atender el rezago habitacional con una lógica de justicia social, integrando criterios de sustentabilidad y acceso a servicios básicos. No obstante, el verdadero reto no radica en el anuncio, sino en la capacidad de ejecución evitando que los desarrollos se conviertan en enclaves de marginación; garantizando la transparencia en los procesos de asignación, y asegurar el derecho a la vivienda.
En materia educativa se observan avances relevantes. Se han puesto en marcha programas de formación continua para docentes, inversiones en la tecnificación de aulas y proyectos piloto de educación digital en zonas marginadas. A ello se suma la implementación del programa de becas universales para estudiantes de preparatoria pública y la expansión de universidades como Rosario Castellanos, Benito Juárez y de la Salud. Estos esfuerzos representan pasos importantes, aunque todavía insuficientes frente al reto de transformar de fondo un sistema que exige una reforma estructural profunda.
En materia de energías limpias, se han instrumentado esquemas de apoyo a comunidades rurales con paneles solares, y se han impulsado convocatorias para proyectos de generación distribuida, lo que representa un avance en la dirección correcta. Sin embargo, estas acciones son los primeros pasos ante la urgencia climática que exige innovaciones a gran escala.
El campo mexicano atraviesa una etapa crítica. Productores asfixiados por altos costos de insumos, acceso limitado a créditos, mercados dominados por intermediarios y políticas de sobrevivencia evidencian que la autosuficiencia alimentaria sigue siendo una urgencia nacional. Faltan precios de garantía, financiamiento accesible, inversión en riego y tecnificación sustentable. Sin estas medidas, se compromete la seguridad alimentaria y la estabilidad política en el sector rural.
El gran pendiente es la salud. Años de promesas de un sistema universal y digno contrastan con hospitales que siguen padeciendo carencias estructurales: insumos insuficientes, medicinas escasas y personal médico precarizado. La creación y sustitución de modelos, como el paso del Seguro Popular al INSABI y posteriormente al IMSS-Bienestar, ha generado más incertidumbre que soluciones para millones de familias. Mientras esto no se resuelva, el Estado incumple con uno de sus deberes más elementales: garantizar el derecho a la salud como condición de dignidad humana.
Claudia Sheinbaum no sólo enfrenta los retos de su administración, también carga con una carga política incómoda. Ahí están los señalamientos en contra de Adán Augusto López por nexos con el crimen organizado, los viajes de lujo de Ricardo Monreal, Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez y su esposa “dato protegido”, las propiedades imposibles de justificar y las cenas opulentas en Tokio del orgullo del nepotismo del bienestar; Andy López Beltrán. Todo ello contradice el discurso de austeridad republicana y combate a la corrupción. La incongruencia es evidente: mientras se predica la “justa medianía”, la élite del movimiento exhibe privilegios.
Por si eso no fuese suficiente, persisten asuntos que exigen acción inmediata y que no pueden seguir postergándose. La tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, marcada por la negligencia institucional, sigue siendo un recordatorio doloroso de las fallas en la protección de los más vulnerables. El desfalco a Segalmex y las irregularidades en proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el AIFA y Dos Bocas evidencian que el manejo del gasto público sigue bajo sospecha. Cada omisión en atender estas cuentas pendientes erosiona la confianza ciudadana y pone en riesgo la legitimidad política de esta administración.
La reciente elección de jueces y ministros no fortaleció al Poder Judicial: lo degradó profundamente. El episodio de los “acordeones”, lejos de ser una simple anécdota pintoresca, constituyó una afrenta directa a la seriedad institucional y a la confianza ciudadana en la justicia. En un país donde la toga debería representar preparación, ética y autonomía, el acceso a los más altos cargos se resolvió mediante improvisación, favoritismo y simulación. Lejos de abrir la puerta a perfiles sólidos, capaces de honrar la función judicial con experiencia y legitimidad, el proceso favoreció la mediocridad, la complacencia y el oportunismo.
Un proceso avalado por las autoridades electorales que, lejos de garantizar transparencia, legitimaron lo ilegítimo. Con su aval, la elección dejó de ser un ejercicio democrático para convertirse en una puesta en escena, donde las reglas estaban diseñadas para confirmar decisiones tomadas de antemano. El Poder Judicial, llamado a ser el contrapeso de los excesos del poder, enfrenta hoy un descrédito profundo. Ese desgaste provocará que la justicia, al perder legitimidad, arrastre consigo al Estado de derecho, y tarde o temprano la factura social y política será inevitable.
La anunciada propuesta de reforma electoral que habrá de presentarse en los próximos meses pondrá a prueba la vocación democrática en esta administración. La pregunta es sencilla, pero crucial: ¿se busca modernizar la democracia o consolidar una hegemonía política? Morena y sus aliados decidirán hasta dónde empujan sus intereses. La nación, atenta, deberá vigilar que las reglas del juego electoral no se conviertan en un traje a la medida del poder.
El primer informe de Claudia Sheinbaum no debe de ser un simple recuento, sino una brújula que señale hacia dónde puede dirigirse México. Que marque el inicio de una etapa crucial, donde la presidenta enfrenta la disyuntiva que ha acompañado a todos los gobiernos democráticos: liberarse del lastre de las prácticas, privilegios y herencias de López Obrador y gobernar con autoridad y visión propia, o dejarse arrastrar por los mismos vicios que prometieron erradicar. Cada decisión será leída como testimonio de la capacidad de este gobierno para escribir su propio legado.
La nación espera hechos concretos. La ciudadanía requiere seguridad que devuelva la tranquilidad a las calles, un sistema de salud que cumpla con su promesa de dignidad, transparencia que disipe la opacidad y justicia que recupere la fe ciudadana. La historia no perdona simulaciones ni medias tintas, ya que cada incumplimiento se transforma en deuda histórica y política.
No me cansaré de insistir: si Claudia Sheinbaum logra romper con el peso heredado y construir un equipo propio, habrá honrado el momento histórico de su mandato y habrá demostrado que México es capaz de tener un gobierno que actúe con independencia, eficacia y ética. Porque, al final, el juicio supremo no será el aplauso efímero de la coyuntura, sino el veredicto implacable de la historia. Y en ese tribunal, sin concesiones ni simulaciones, se revelará la verdadera dimensión de su liderazgo.
“Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción.”
– Simón Bolívar –
