#Opinión ✒️II La ilusión de reformar sin consensos
Por Enrique Diez Piñeyro Vargas
Hay reformas que nacen para transformar, y otras que, desde su concepción, evidencian su destino: el archivo muerto de la historia legislativa. La llamada reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal forma parte de este segundo grupo. No por falta de relevancia, ya que toda reforma político-electoral es, en esencia, una oportunidad para fortalecer la democracia, sino por la ausencia de lo más elemental en cualquier proceso de cambio institucional: diálogo, técnica jurídica y construcción de consensos.
Sabemos que reformar el sistema electoral de un país no es un ejercicio de voluntad unilateral, sino un acto de responsabilidad histórica. Implica entender el pasado, interpretar el presente y proyectar el futuro con base en reglas claras, viables y legítimas. Supone escuchar, incorporar visiones distintas y reconocer que la pluralidad no es un obstáculo, sino la materia prima de toda democracia sólida. Cuando ese proceso se sustituye por la imposición, el resultado no es una reforma: es una fractura.
Lo advertimos, y el tiempo nos dio la razón: fallaron las formas. Se impuso la soberbia sobre la política, el dogma sobre la razón. Se asumió, equivocadamente, que disentir equivale a traicionar; que pensar distinto es convertirse en adversario del pueblo. Bajo esa lógica, la iniciativa llegó a San Lázaro sin puentes, sin interlocución, sin posibilidades reales de prosperar.
La oposición fue firme en su negativa, pero lo más revelador fue la postura de los propios aliados del oficialismo. Ni el PT ni el PVEM estaban dispuestos a respaldar una reforma que, en el fondo, atentaba contra sus propios espacios de poder e intereses estructurales. El resultado fue predecible: una iniciativa que nació sin viabilidad política terminó desechada sin mayor resistencia.
Pero si el primer acto fue fallido, el segundo resulta aún más preocupante. Conviene recordar, con puntualidad técnica, qué es lo que realmente plantea este llamado “Plan B”, porque es en el detalle y no en el discurso, donde se revela su verdadera dimensión. Lejos de corregir los errores de origen, los profundiza.
Se trata de un paquete de reformas que, lejos de fortalecer la arquitectura democrática, evidencia un preocupante desconocimiento del funcionamiento real del sistema electoral mexicano. Pretender concentrar en una sola jornada la renovación de 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, cerca de 1,880 curules en congresos locales, 680 ayuntamientos, alrededor de 500 cargos del Poder Judicial Federal, y además incorporar un proceso de revocación de mandato del Ejecutivo federal, no es una propuesta audaz: es una imprudencia institucional.
Detrás de esa idea radica una desconexión alarmante entre la toma de decisiones y la realidad operativa del país. No se trata solo de números; se trata de capacidades logísticas, de tiempos legales, de organización territorial, de capacitación ciudadana y, sobre todo, de recursos. Porque alguien tiene que organizar esa elección monumental. Y ese alguien son las instituciones electorales.
Aunado a ello, la propuesta exhibe un preocupante desconocimiento del funcionamiento real de las instituciones locales. Una profunda violación del pacto federal al pretender fijar topes presupuestales a los congresos estatales desde una lógica centralista, sin un diagnóstico serio de sus costos operativos, sus cargas legislativas y sus responsabilidades constitucionales, no es un acto de austeridad: es una forma de asfixia institucional. Cada congreso responde a dinámicas propias, a contextos sociales específicos y a exigencias ciudadanas distintas; ignorar esa diversidad es legislar con cifras, pero sin Estado.
Más grave aún es la intención de reconformar los cabildos municipales, lo que evidencia una ignorancia profunda sobre su integración, su representación proporcional y su papel como primer contrapeso del poder en el ámbito local. Los cabildos no son piezas intercambiables en un diseño político de escritorio; son órganos vivos que encarnan la pluralidad democrática de los municipios. Alterarlos sin conocimiento de su naturaleza no solo es un error técnico, es una señal inequívoca de que se pretende rediseñar lo que no se comprende.
Así de claro: la propuesta no solo es inviable, es profundamente riesgosa. Deposita una carga desproporcionada sobre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, a quienes se les exige hacer más con menos recursos. Es una ecuación insostenible. Tensar los límites de la capacidad institucional no fortalece la democracia; la pone en riesgo. Porque cuando se compromete la organización de una elección, lo que está en juego no es un proceso administrativo, sino la confianza pública.
A esto se suma el inevitable costo político. Sacar adelante una reforma de esta magnitud, sin consensos, obligará al partido en el poder a entrar en una lógica de negociación que contradice su propio discurso de austeridad y transformación. Los partidos satélite, particularmente el PT, sabrán capitalizar su posición estratégica. Los votos no serán gratuitos. Se pagarán, como históricamente ocurre, con posiciones, candidaturas, espacios de poder y, eventualmente, con decisiones que impactan directamente en el ejercicio del gasto público. La pregunta no es si habrá costo, sino qué tan alto están dispuestos a pagarlo.
En ese contexto, no resultó menor el anuncio reciente del Partido del Trabajo, manifestando su respaldo en lo general a la iniciativa, pero marcando distancia en lo particular respecto a la modificación del artículo 35 constitucional en materia de revocación del mandato. Este posicionamiento no solo exhibe fisuras en la aparente solidez del bloque oficialista, sino que confirma que, incluso entre aliados, existen límites cuando las reformas tocan intereses, equilibrios de poder y márgenes de negociación. La adhesión parcial no es otra cosa que una señal política: el apoyo existe, pero no es incondicional, y su costo —como ya se anticipaba— será materia de una gran negociación.
A pesar de esta aprobación a medias del llamado Plan B, el desgaste político para la presidenta Sheinbaum es innegable y, sobre todo, innecesario. No se trataba de una batalla imprescindible ni de un costo que valiera la pena asumir; fue, más bien, un error de cálculo impulsado por un equipo que no estuvo a la altura del momento.
Aquí no falló el proyecto, fallaron quienes debían cuidar su ejecución y su viabilidad. Cuando las decisiones generan más desgaste que resultados, es momento de asumir responsabilidades con firmeza. Ha llegado la hora de limpiar la casa, de cortar inercias y de dar las gracias, de una vez por todas, a ese lastre heredado que hoy más estorba de lo que aporta.
El llamado es claro y respetuoso: es momento de corregir el rumbo. De abrir el diálogo, de escuchar a quienes saben, de rodearse de perfiles con capacidad técnica y visión de Estado. Porque ningún país puede sostenerse bajo la lógica de privilegiar la obediencia sobre la capacidad. Gobernar implica entender, corregir y, sobre todo, escuchar. La democracia mexicana mererece más que currencias. Merece responsabilidad. Y, sobre todo, merece respeto.
“El gobernante que no escucha, pronto deja de ser escuchado.”
– Confucio –
