Democracia popular. ¿Dictadura de la mayoría?
Por Morelos Canseco Gómez
En la apertura de la nueva Legislatura Federal retornamos al otrora construido, reclamando y desmantelado “día del presidente” de la etapa post revolucionaria y del partido hegemónico, pero ahora con el Ejecutivo en el Zócalo y la mayoría parlamentaria afín en San Lázaro; dos capillas y un denominador común: el fundador del movimiento político imperante y la percepción de una bóveda celeste con dos soles; el de la raíz y el de la continuidad, y las interrogantes sobre si convivirán, cómo, por cuánto tiempo y si uno mantendrá gravitante al otro o si éste se liberará de su control.
Ya no fue la toma de protesta en el Estadio Nacional de 1934, pero fue el último informe de gobierno -la ceremonia política real- en la Plaza de la Constitución con 25 mil asistentes, para escuchar el discurso de la autocomplacencia y la materia prima de la propaganda. Tres perlas: se logró articular un sistema de salud para la población -con y sin seguridad social- mejor que el de Dinamarca; se terminó la corrupción gubernamental, pero todas las obras emblemáticas han tenido sobre costos que exceden al 100 por ciento; y disminuyó el homicidio doloso el 18 por ciento entre 2018 y 2024, aunque en el período suman más de 180 mil asesinatos y en el anterior precedente comparable fueron 157 mil.
Ya se va, pero no desea ausentarse y disfruta de la inmunidad constitucional y la impunidad de la mayoría imperante. Hay un escenario complejo en la percepción pública: súper mayoría ilegítima pero legal; engranajes en marcha para el cambio de régimen en la Constitución; salida de los controles orgánicos en forma de contrapesos del poder presidencial e ingreso de controles sujetos a la mayoría; advertencias de socios estatales, gobiernos amigos, inversionistas en la economía nacional y observadores de la evolución de la internacionalización de los procesos políticos, económicos y sociales, y movilizaciones en la calle para expresar diferencias y pedir diálogo y rectificaciones.
Parecería que estamos en el umbral de un nuevo momento político. En el acomodo de las fuerzas políticas tras los comicios de este año el gobierno refrendado y sus grupos parlamentarios van por la redefinición del sistema político en su triada de componentes: partidos, elecciones y gobierno, y en éste por la concentración del poder en la figura presidencial y su calidad de jefatura del Estado y lo que ello implica en lo interno y hacia el exterior.
La redefinición del sistema político y sus correlaciones económica y social tienen como punto de partida las modificaciones a la Constitución. Era el punto nodal del debate sobre los sufragios emitidos en junio pasado para la renovación del Congreso y su transformación en curules y escaños. La conformación de la Cámara de Diputados y, al parecer, el Senado, ha colocado al movimiento político en el gobierno en la posibilidad de erigirse en órgano revisor de la Constitución sin requerir el acuerdo de las fuerzas políticas minoritarias de oposición. Para la mayoría la cuenta del acceso al poder reformador está resuelta; estamos ahora en la cuestión del ejercicio: ¿cómo y para qué?
Retornemos un momento al acceso a los cargos y el sustento de las narrativas del mandato. Se ha puesto en claro que la diferencia del poco más de 59 por ciento de los votos para la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia y del poco menos de 29 por ciento para la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruíz constituyeron un resultado contundente. Ahora bien, en el clima de polarización excluyente que se construyó y difundió desde Palacio Nacional destaca que cuatro de cada 10 votantes representan la pluralidad que disiente sobre el rumbo de la Nación impreso por Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la reclamación fundada es si se trató de una elección equitativa y justa. ¿Cuánto influyeron algunos factores en la amplitud del margen en el resultado? ¿Cuánto el uso político de los apoyos presupuestales directos a grupos de población determinados por alguna condición social y la actuación de los servidores de la Nación? ¿Cuánto el proceso y las erogaciones al margen de la ley para definir la candidatura de Morena? ¿Cuánto el dominio y uso para la causa gubernamental del aparato público de comunicación social y la propaganda elaborada y difundida? ¿Cuánto las injerencias indebidas del Ejecutivo Federal en el proceso para favorecer la propuesta de continuidad? ¿Cuánto el recuerdo del hartazgo por las fallas de los gobiernos del 2000 al 2018?
Desconozco si alguien lo ha estudiado o estudiará, pero la reclamación va a contrapelo de la inspiración y meta del gobierno en turno y su presencia hacia el que iniciará el 1 de octubre próximo. Se habla del mandato emanado de la voluntad del pueblo y se deja sentir el empoderamiento de la mayoría. No se entiende sólo como mandato para hacer gobierno, sino para concretar las reformas constitucionales promovidas por el presidente saliente, que quizás sólo los especialistas pueden recordar por materia y contenidos generales.
En el contexto de las propuestas, pero atravesándolas y trascendiéndolas, hay una confrontación de parteaguas en el mundo de las ideas: democracia liberal o democracia popular; liberalismo o populismo. El régimen democrático basado en las libertades de las personas y la responsabilidad social que limita al poder público para salvaguardar derechos reconocidos o el régimen democrático sustentado en la acción del Estado en favor de la población en condiciones de mayor desigualdad que limita y restringe libertades individuales.
En la consigna de “el pueblo manda”, no se ve a esta abstracción como el conjunto de la ciudadanía plural y su esfera de derechos, sino como la expresión de la mayoría que respalda el proyecto popular y rechaza la disidencia por justificaciones de su propia narrativa: superioridad moral, razón histórica y fuerza política. Es la antesala del desconocimiento de los derechos de las minorías y la dictadura de la mayoría; puede existir la minoría, pero languidecen y se erosionan gravemente los derechos para opinar, participar y ser mayoría.
¿Qué tanto lo pinta la transformación en marcha de los poderes judiciales en tribunales electos con controles políticos de la mayoría y control político de las personas juzgadoras? No es buena idea para México y la necesidad de ocupar su lugar en el mundo, que la razón del Estado -en el mejor de los casos- impere sobre el criterio de imparcialidad.
