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Desapariciones. ¿Actuar o simular?
Por Morelos Canseco Gómez
“Palabras, palabras, todo palabras”, responde Hamlet a Polonio en la tragedia de Shakespeare, cuando le pregunta: “¿Qué estáis leyendo?” Uno pregunta para saber el ánimo del príncipe danés y éste le responde con la verdad sin contenido. Ante la indignación nacional por la falta de actuación y resultados de las instancias públicas para que cese el delito de la desaparición de personas por la acción de particulares, se investiguen las denuncias de las decenas de miles de personas presuntamente privadas de la libertad por grupos de la delincuencia organizada, se sancione a quienes sean responsables y se acote la impunidad rampante, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ha aparecido en el lado de la comprensión de la gravedad de la cuestión.
Grave por el inmenso número de tragedias familiares implícitas y grave por el juicio de la sociedad sobre su gobierno, por sí mismo y por la relación presente con los Estados Unidos y los señalamientos del control territorial de los carteles de las drogas en porciones significativas del territorio nacional.
No hubo respuesta de Estado a la emergencia, pero sí de gobierno y de movimiento político en la lucha por ejercer y mantener el poder.
Para hacer frente a la información emanada de la presencia de Guerreros Buscadores de Jalisco en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, se desplegó la vertiente doble: (i) expedir un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, anunciar reformas legales y dar luz verde -con la simulación de su autonomía- a la Fiscalía General de la República (FGR) para atraer la investigación de los delitos que se hubieran perpetrado en ese inmueble; y (ii) reprochar, descalificar y polarizar partidistamente la politización de la crisis de personas desaparecidas al propalar que, quienes se expresan en la redes sociales para sostener entendimientos del gobierno de los “abrazos-o balazos” con la delincuencia organizada más peligrosa y la herencia implícita, son sus adversarios políticos de la elección del año pasado.
Con la salvedad de las consecuencias políticas que podrían emanar de las investigaciones de la FGR para el anterior gobierno de Jalisco y el colectivo que devolvió al centro de las preocupaciones de la sociedad la impunidad del delito de privar de la libertad y ocultar el paradero o la suerte de la víctima, está presente la tentación de otorgarle el beneficio de la duda a las primeras determinaciones de la titular de la presidencia de la República en el plano del gobierno. Al menos la situación crítica, las marchas del sábado 15 de marzo en curso y la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos el 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la rescató del impulso inicial de aguardar hasta que se contara con la información derivada de las indagatorias que debían realizarse. Sin embargo, las medidas adoptadas y anunciadas parecen reflejar un conjunto de intenciones. No hay solidez ni contundencia. No las hay en el plano de la profundidad del fenómeno y la construcción de un objetivo nacional que incorpore a la pluralidad política y a la representación de las personas familiares de las víctimas. No las hay en el plano de la indispensable planeación de las tareas por realizar y los recursos humanos, presupuestarios y de protección a los grupos implícitos en el múltiple trabajo de campo.
Veamos las seis medidas anunciadas: (a) fortalecer la CNB con la coadyuvancia de la administración pública federal e instruir la ampliación presupuestal pero sin un referente de metas objetivas o de resultados evaluables; (b) establecer en la Ley General de Población que la Clave Única del Registro de Población sea la fuente exclusiva para acreditar la identidad de las personas, confundiéndose una clave alfa numérica con un documento de identidad, al tiempo de no informar de los costos y los tiempos; (c) reformar la ley general en materia de desaparición de personas a fin de: crear la Base Nacional Única de Información Forense, cuando ya establece la Base Nacional de Datos Forenses en la FGR; crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana que hoy está implícita en el Centro Nacional de Identificación Humana, ordenado con la reforma de 2022; fortalecer el Centro, que hasta ahora ha carecido de los recursos necesarios para cumplir sus funciones, e incorporar nuevos protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas, cuando a la ley le compete enunciarlos y no desarrollarlos, como hoy figuran los protocolos homologados de búsqueda y de investigación; (d) plantear la homologación de la desaparición con el secuestro, sin reparar en la diferencia de las conductas y las sanciones que merecen; (e) publicar mensualmente la información sobre personas desaparecidas y su estatus, que es rescatable; y (f) fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también padece la falta de presupuesto adecuado.
En un tema tan delicado volvemos a una situación frecuente en la marcha de la República. La ley existe y aunque es perfectible, no se cumple. No se cumple por falta de voluntad política a secas o por falta de los medios presupuestales indispensables para ejecutar sus disposiciones o ausencia de voluntad política al plantearse las asignaciones de gasto. Hoy la ley en materia del delito de desaparición de personas y su búsqueda demanda cumplirse, con o sin el maquillaje de esta semana que pretende acreditar sensibilidad y compromiso. En la información pública del gobierno no aparece que haya sesionado el Sistema Nacional de Búsqueda que ordena la ley debe reunirse cada seis meses, siendo la anterior el 12 de septiembre de 2024, durante el gobierno precedente. Y la angustia de recursos -en la CNB y la FGR- para buscar decenas de miles de personas desaparecidas e investigar y procesar a quienes son personas presuntamente responsables de ello, no es algo que se desconociera al plantearse el presupuesto federal para 2025.
¿Se asumirá realmente el compromiso de cumplir la ley y actuar? Sobre la base de la distancia que se coloca y mantiene para las personas familiares de las víctimas, los dichos en Palacio Nacional, el decreto y las iniciativas por conocerse son “palabras, palabras, todo palabras”. La verdad sin contenido.
