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Reforma de la justicia en México
Por Mario Flores Pedraza 

La clave para cualquier reforma debe ser la creación de un sistema que garantice la independencia judicial y la justicia imparcial, elementos esenciales para la consolidación del Estado de derecho y la confianza pública en el sistema judicial mexicano.

El poder judicial en México, ¿Puede mejorarse o es perfecto como está? La verdad creo que si algo se puede mejorar, ¡pues que se mejore! Y ese es el caso de poder judicial en México. El partido en el poder ya dijo que va a reformar el poder judicial por lo que los partidos de oposición, empresarios, barras de abogados, sociedad civil, medios de comunicación y pueblo en general debemos de tratar que esa reforma busque lo mejor para el pueblo mexicano y aportar, analizar y debatir esta reforma para el bien de todos.

El acceso a la justicia es un pilar fundamental para la existencia de un Estado de derecho sólido y equitativo. En México, este derecho está garantizado por la Constitución, pero en la práctica, se enfrenta a múltiples desafíos que limitan su efectividad. En teoría, el acceso a la justicia en México debe ser universal y equitativo. No obstante, diversos estudios y estadísticas muestran una realidad preocupante. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 90% de los delitos no se denuncian o no se investigan adecuadamente, lo que evidencia una grave crisis en el sistema de justicia penal . Además, la corrupción, la impunidad y la falta de recursos en el sistema judicial exacerban las desigualdades y limitan la capacidad de los ciudadanos para obtener justicia de manera efectiva.

La corrupción es uno de los mayores obstáculos para el acceso a la justicia en México. Estudios del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúan al país en posiciones críticas, lo que refleja la penetración de prácticas corruptas en todas las esferas del sistema judicial . La impunidad, definida como la falta de castigo a los culpables de delitos, contribuye a una percepción de ineficacia y desconfianza en las instituciones de justicia.

El sistema judicial mexicano está crónicamente subfinanciado, lo que limita la capacidad de los tribunales para funcionar de manera efectiva. La falta de recursos se traduce en demoras prolongadas en los procesos judiciales, insuficiencia de personal capacitado y una infraestructura inadecuada. Existe una disparidad significativa en el acceso a la justicia entre diferentes grupos de la población, especialmente entre los más vulnerables como mujeres, indígenas y personas de bajos recursos. Estas desigualdades se deben, en parte, a barreras económicas, geográficas y sociales que dificultan el acceso a servicios legales y judiciales.

Lo que más ha generado ruido en cómo se ha planteado la reforma es en la elección de jueces, magistrados y ministros de manera democrática lo que ha generado desconfianza en los mercados financieros e inversionistas ya que existen muchos riesgos de que eso salga mal. La elección democrática de jueces en México podría traer beneficios en términos de transparencia y legitimidad, pero también conlleva riesgos significativos de politización y corrupción que podrían comprometer la imparcialidad y eficacia del sistema judicial. En lugar de una elección democrática directa, se podrían explorar y fortalecer otros mecanismos de selección y rendición de cuentas que promuevan una justicia más justa y equitativa sin los riesgos asociados a la politización del poder judicial.