#Opinión || IA (Impunidad y arrogancia)

IA (Impunidad y arrogancia)

Por Morelos Canseco Gómez

¿IA? ¿Inteligencia artificial? No, no refiero ese acrónimo de nuestro tiempo, sino a las actitudes de impunidad y arrogancia que vemos al calor del proceso electoral en marcha. En el contexto, se trata de conductas vinculadas por el hilo con el cual se teje, un día sí y otro también, la narrativa de la “necesidad nacional” de continuar con la propuesta para conducir a la República que arribó a Palacio Nacional en diciembre de 2018. Dicen mucho sobre la concepción del poder público y de su ejercicio.

Desde el programa de información y opiniones gubernamentales que protagoniza el Ejecutivo Federal, por sí y con la participación del Director General de Petróleos Mexicanos, se ha buscado minar la credibilidad de la señora María Amparo Casar, Presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, al dar a conocer presuntas irregularidades en las prestaciones que le corresponden a ella y a su familia por el deceso de su esposo en 2004, siendo colaborador de la ahora empresa productiva del Estado.

¿En serio? Pues sí, bajo la pretensión de poner en duda las conclusiones sobre la muerte derivada de un accidente en la Torre de Pemex en la Ciudad de México, se siembra la insidia sobre el derecho de las personas económicamente dependientes a recibir los pagos de seguridad social por muerte y por viudez y orfandad que hace poco menos de dos décadas regían las relaciones laborales de la entonces paraestatal con sus trabajadores de confianza.

Estamos ante una de las más abusivas construcciones narrativas del régimen. Amparo Casar es una analista política reconocida, ejerce la libertad de expresión en distintos espacios de prestigio, encabeza una organización dedicada a exigir sistemática y sustentadamente la rendición de cuentas de los entes públicos y argumenta válidamente el peligro de la concentración del poder en la presidencia de la República y la pertinencia de que haya contrapesos activos y funcionales, incluido, desde luego, el del sufragio de la ciudadanía.

¿Cuántos expedientes de pago de esas prestaciones laborales ha analizado el ingeniero Oscar Romero estos casi seis años de su impericia administrativa? No lo se. ¿Cuántos se han hecho públicos por el Ejecutivo y por él? Ninguno, salvo el que nos ocupa.

Éste hecho es la prueba de la intimidación, de la persecución, por motivos sustentados en la razón del poder o, mejor dicho, en la sinrazón de quien detenta el poder presidencial. En Palacio Nacional no se observa a las personas a través del prisma de sus derechos, sino de su pensamiento afín o crítico al líder real de Morena y la forma y rumbo con el cual ejerce su mandato. Como se disiente y se tiene visibilidad en la sociedad, pasan al archivo el respeto a la ley y los derechos al debido proceso laboral y de seguridad social, a la presunción de inocencia en cualquier actuación y a la protección de los datos personales.

Frente al ejercicio de la libertad de trabajo y de la libertad de expresión, resalta la intolerancia presidencial por la certeza de que sus conductas quedarán impunes. Hay ilícitos por los cuales debiera responder, pero disfruta de una abigarrada protección que, en este mismo período presidencial, se quiso hacer pasar por sujeción al régimen de responsabilidades. No es el caso de quien dirige PEMEX. Nada justifica tanto resentimiento, pero, sobre todo, tan desproporcionado y abusivo ejercicio del poder presidencial. La intolerancia impune.

Y en la campaña de la candidatura oficial una muestra de arrogancia. En la reunión anual con los consejeros regionales de BBVA, la abanderada de Morena y sus aliados, ante la pregunta de si ya se había cocido el arroz en materia electoral, respondió con la siguiente perla: “Bueno, falta el trámite del 2 de junio. La verdad es que hemos recibido un reconocimiento muy grande en todo el país.” ¿Estrategia en una narrativa? ¿Exceso de confianza? ¿Descuido? Válido especular, aunque la realidad está expuesta: la ciudadanía no decide, asiente a lo construido por la maquinaria del poder; la ciudadanía no elige, sólo concurre a confirmar la decisión vertical de la transferencia del mando; la ciudadanía no es libre en el máximo acto de soberanía política, sino el instrumento de una narrativa inducida paulatinamente sobre la inevitabilidad del triunfo del partido oficial.

En las narrativas de la continuidad o del cambio están presentes los resultados de las encuestas sobre la intención del voto para las candidaturas presidenciales. Su lectura presenta distintos panoramas sobre el movimiento de las preferencias y, sobre todo, la diferencia en los porcentajes a favor de las opciones de las personas electoras. Como nunca en el período de transición a la democracia, nuestra sociedad está profundamente polarizada y confrontada, no es sólo diferir o pensar distinto, sino abrigar el ánimo de excluir y actuar en consecuencia.

Por ello, la idea de un resultado definido con base en las encuestas y “refrendado” por el sufragio tiene tono de advertencia a que decidan su lugar quienes aprecien el sufragio activo -el propio y el de conciudadanas y conciudadanos- como la fuente del empoderamiento y de la exigencia del ejercicio democrático y apegado a la ley en el futuro cargo. Llama la atención la lectura de las respuestas a la pregunta sobre si independientemente de la preferencia propia, ¿quién piensa usted que ganará la elección? Tiene ecos sobre la aceptación de un destino irreversible.

Con sus bemoles, de 1930 a 1994 la lectura es que se votó por la persona “elegida”. De 2000 a 2018 el sufragio de la ciudadanía se erigió en la elección del juego democrático. En el primer tramo sugerido falta la competencia basada en la equidad, ya porque la primera cuestión no tenía condiciones o porque la segunda era el último punto de resistencia de la hegemonía y de la dominancia.

Ver a la jornada electoral como un trámite es la vuelta a la democracia tutelada por una justificación ideológica del régimen sobre la voluntad de la ciudadanía. Es, en buena medida, el reconocimiento de la inequidad que ha imperado en este proceso electoral. Así, ¿cuánto vale el contrapeso de las oposiciones para el futuro? Juzgue usted a la luz de estas pruebas de impunidad y de arrogancia.