#Opinión 📝 II 2026: Entre la calma aparente y los riesgos reales
Por Enrique Diez Piñeyro Vargas
El año 2026 se presenta para México como un periodo de definiciones silenciosas pero profundas. No será un año de estridencias electorales ni de grandes rupturas internas, pero sí uno en el que se estarán acomodando piezas clave en el tablero nacional e internacional, cuyos efectos se sentirán con mayor claridad en los años por venir. La experiencia histórica muestra que estos momentos, aparentemente contenidos, suelen ser los más determinantes, porque es ahí donde se toman decisiones que no siempre ocupan titulares, pero que terminan marcando el rumbo político, económico e institucional de un país.
En el plano internacional, la relación bilateral con los Estados Unidos volverá a ocupar el centro de la agenda nacional, aunque esta vez bajo condiciones particularmente delicadas. La postura asumida por la Casa Blanca frente a los acontecimientos en Venezuela ha reactivado una narrativa intervencionista que no es nueva, pero que hoy se expresa con mayor claridad cuando se trata de América Latina. Washington ha dejado en claro que actuará conforme a sus intereses estratégicos, con escaso margen para matices diplomáticos. México, por su ubicación, su peso regional y su interdependencia económica, no se encuentra al margen de esa lógica.
En este contexto, la figura de Donald Trump representa un factor de riesgo real que no admite lecturas ingenuas. Trump ya demostró que no está jugando. Su forma de ejercer el poder es frontal, y en muchos casos, deliberadamente disruptiva. La migración, la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado, el comercio bilateral y la cooperación regional seguirán siendo puntos de presión constante, susceptibles de convertirse en instrumentos de negociación dura.
A este escenario se suma un elemento especialmente sensible: la próxima renegociación del T-MEC, que colocará a México frente a una prueba de Estado. No se tratará únicamente de técnica comercial, sino de capacidad política para sostener posiciones, administrar tensiones y evitar concesiones que comprometan el futuro.
Aquí se ubica uno de los núcleos centrales de 2026: la relación con Estados Unidos ha dejado de moverse en el terreno de las buenas intenciones para instalarse definitivamente en el de las posturas firmes y los hechos consumados. Pensar lo contrario sería repetir errores que otras naciones ya han pagado caro cuando subestimaron los cambios en el equilibrio del poder internacional.
Este contexto externo inevitablemente se refleja en el ámbito económico interno, donde 2026 también exige mesura y una lectura integral de las decisiones públicas. El incremento del 13% al salario mínimo es, sin duda, una señal positiva que merece reconocimiento, en la medida en que busca fortalecer el ingreso de millones de trabajadores y ofrecer cierto alivio frente al impacto de la inflación acumulada en años recientes. Bien acompañado, este aumento puede contribuir a sostener el consumo interno y a dar mayor estabilidad a las economías familiares.
Sin embargo, este esfuerzo debe analizarse en conjunto con otras medidas que inciden de manera directa en el bolsillo de los ciudadanos. El incremento a los impuestos aplicable a alrededor de 1,400 productos representa una presión adicional sobre el consumo cotidiano y puede diluir, en la práctica, los beneficios del aumento salarial. El reto para el país será encontrar un equilibrio responsable entre políticas de ingreso y políticas fiscales, de modo que las buenas intenciones no se vean neutralizadas por decisiones que, aunque necesarias para la recaudación, terminan trasladando su peso a la población. Proteger la economía familiar seguirá siendo, en 2026, una de las pruebas más sensibles para la credibilidad de la política económica.
De manera paralela, durante el verano de 2026, México volverá a estar bajo la mirada del mundo al fungir como país coanfitrión de la Copa Mundial de Futbol. Más allá del entusiasmo deportivo, el evento representa una vitrina global que pondrá a prueba la capacidad institucional del país para ofrecer organización, seguridad y certidumbre, así como para cumplir, en tiempo y forma, con las obras de infraestructura y mejora urbana comprometidas en las ciudades sede. La movilidad, los servicios públicos, la conectividad y la atención al visitante no serán detalles menores, sino factores determinantes para la experiencia de millones de personas que llegarán al país con motivo de una justa deportiva de esta magnitud.
Será, sin duda, una oportunidad para proyectar una imagen positiva de México ante el mundo, pero también un recordatorio de los desafíos que persisten, particularmente en materia de seguridad, que continúan afectando la percepción internacional, pese a los esfuerzos y avances registrados desde el ámbito federal.
La expectativa social es clara: estar a la altura, como ocurrió en 1970 y 1986, cuando el país supo responder con eficacia y responsabilidad al reto histórico de ser anfitrión del mundo, demostrando que la organización y la voluntad institucional también forman parte del legado que deja un Mundial.
En el ámbito interno, 2026 se perfila como un año de tranquilidad electoral relativa. Salvo la renovación del Congreso local en Coahuila, el resto del país no estará inmerso en procesos electorales. Sin embargo, esta calma no debe confundirse con inmovilidad política. Por el contrario, será un periodo clave para observar con atención la anunciada propuesta de reforma político-electoral que el gobierno federal presentará en las próximas semanas. De su contenido dependerá no solo el rediseño de las reglas de la competencia democrática, sino el futuro de las instituciones encargadas de organizar, vigilar y calificar los procesos electorales en México.
La experiencia histórica, en México y en otras latitudes, demuestra que los años sin sobresaltos suelen ser los más fértiles para decisiones que, tiempo después, resultan difíciles de revertir. Lo que se discuta y eventualmente se apruebe en 2026 tendrá efectos directos en la intensa dinámica política de 2027 y más allá. Minimizar ese debate o reducirlo a consignas sería un error que el país ya ha cometido en otras etapas de su historia.
El 2026 no exige euforia ni fatalismo; exige conciencia. No es un año para el aplauso automático ni para la distracción cómoda, sino para la lectura atenta de los signos del poder, dentro y fuera del país. La relación con Estados Unidos, los debates institucionales que se avecinan y la imagen que México proyecte al mundo no se resolverán por inercia. Requerirán Estado, estrategia y sociedad.
Porque cuando la ciudadanía se desentiende de la agenda pública, otros deciden por ella. Y cuando eso ocurre, las consecuencias no se anuncian: se padecen. Tal vez por eso, más que un año de definiciones visibles, 2026 será un año que pondrá a prueba algo más profundo: nuestra capacidad colectiva para no llegar tarde a las decisiones que sí importan.
“La salud de una democracia puede medirse por la calidad de las funciones desempeñadas por los ciudadanos privados.”
– Alexis de Tocqueville –
