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El fin de Maduro y el inicio de una transición
Por Enrique Diez Piñeyro Vargas
La madrugada del 3 de enero marcó un punto de quiebre en la historia contemporánea de América Latina. No fue una rebelión popular ni un desenlace electoral. Fue una operación militar extranjera, ejecutada con precisión quirúrgica, la que puso fin al régimen de Nicolás Maduro.
Bajo el nombre de “Resolución Absoluta”, fuerzas del ejército de los Estados Unidos concretaron la captura y extracción del dictador venezolano y de su esposa, culminando meses de planeación estratégica, infiltración de agentes de la CIA en el primer círculo de seguridad presidencial y acuerdos silenciosos con altos mandos militares venezolanos, conscientes de que cualquier intento de resistencia sería inútil frente al ejército más poderoso del mundo.
La línea del tiempo es clara: infiltración, debilitamiento interno, neutralización de la cadena de mando y ejecución fulminante. El operativo se desarrolló sin contratiempos tácticos para las fuerzas norteamericanas, que no registraron bajas. Sin embargo, el costo humano fue alto: al menos 80 venezolanos, entre militares y civiles, murieron durante la operación.
Maduro y su esposa fueron detenidos y trasladados inicialmente por unidades de élite Delta Force al buque de asalto anfibio, clase Wasp, USS Iwo Jima; posteriormente, llevados a la base militar de Guantánamo, Cuba, y desde ahí, vía aérea, a una base militar en el estado de Nueva York. El régimen cayó en cuestión de horas.
Para el pueblo venezolano, especialmente para los casi ocho millones de ciudadanos forzados al exilio, este día representa un alivio largamente esperado. Maduro no fue un gobernante autoritario más; fue un criminal de guerra.
Bajo su mando se asesinaron y desaparecieron opositores, se reprimió sistemáticamente la disidencia, se violentó la Constitución mediante fraudes electorales reiterados y se consolidó un Estado capturado por el crimen organizado. Su nombre ha sido señalado, dentro y fuera de Venezuela, como líder del llamado Cártel de los Soles, utilizando las estructuras del poder para operar en beneficio del narcotráfico internacional.
Nada de esto ocurrió en la penumbra. Ocurrió frente a la comunidad internacional, bajo la mirada pasiva de organismos multilaterales incapaces o no dispuestos a actuar.
Porque también hay que decirlo con claridad: Estados Unidos violentó de manera absoluta el derecho internacional y los tratados vigentes. La operación confirma, una vez más, que la Organización de las Naciones Unidas funciona selectivamente y que la legalidad internacional se subordina a los intereses de las grandes potencias.
Conviene precisar, sin ingenuidad pero con rigor, que Estados Unidos no despliega este tipo de operaciones en cualquier país de América Latina. Históricamente, su intervención directa se ha reservado para escenarios donde convergen tres factores: la existencia de regímenes abiertamente dictatoriales, la ruptura sistemática del Estado de derecho y vínculos comprobables entre el poder político y el crimen organizado.
Donde hay alternancia real, instituciones funcionales y gobiernos que no han sido capturados por redes ilícitas, la vía militar no forma parte de la ecuación. Venezuela, bajo el mando de Maduro, reunía todos los elementos que justificaban una acción de fuerza, aun a costa de violentar el orden jurídico internacional.
El presidente Donald Trump ha decidido reinterpretar la Doctrina Monroe bajo una narrativa renovada de America for the Americans: lo que importa es lo que Estados Unidos necesita, cuando lo necesita y donde lo necesita. Venezuela fue el escenario. Mañana podría ser otro país latinoamericano que reúna estas condiciones. Si eso sucede, la diplomacia quedará nuevamente relegada; y el consenso será sustituido por la acción unilateral.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué sigue para Venezuela? Aunque la mayoría de los ciudadanos perciben la caída del dictador como el primer paso hacia una vida mejor, el periodo que se abre no es de autodeterminación plena. Será una transición bajo injerencia directa del gobierno norteamericano, que administrará un gobierno interino, supervisará los recursos naturales y afianzará su control estratégico sobre el hemisferio occidental.
Es importante subrayar que los líderes opositores históricos no están hoy en la agenda de Washington. Ni María Corina Machado ni el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia figuran, por ahora, como piezas centrales del proceso de transición diseñado por Estados Unidos. La prioridad no es la épica democrática, sino la estabilidad geopolítica.
Venezuela espera un cambio real de régimen, no solo la sustitución de un nombre ni la caída espectacular de un dictador. Lo que tiene hoy es el fin de un tirano, sí, pero también el inicio de una tutela externa que condiciona el rumbo político, económico y social del país.
La libertad no llega automáticamente con la captura del opresor; requiere instituciones reconstruidas, soberanía recuperada y una transición que nazca de la voluntad popular, no únicamente de los intereses geopolíticos de una potencia.
Mientras el futuro se decide en despachos ajenos y no en las urnas venezolanas, la nación seguirá suspendida entre el alivio y la incertidumbre, celebrando el cierre de una etapa oscura, pero sin la certeza de haber recuperado plenamente su destino.
“Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía.”
– Simón Bolívar –
