2024: Saldos e interrogante
Por Morelos Canseco Gómez
Culmina 2024 con múltiples elementos para la reflexión y, en su caso, la actuación en lo político. En primer término el desenlace del proceso electoral iniciado en septiembre de 2023, antecedido por el proceso político del partido del gobierno que arrastró a las oposiciones coligadas y dejó a la otra minoría con el argumento válido de ceñirse a la ley, salvo las pifias de la postulación deseada y sus fracasos previsibles. Petardos de opciones sin propuesta ni candidaturas con atractivos para la travesía. La clave fue la misma desde el inicio: la captura de las instituciones para asegurar la legalidad del resultado prefigurado en Palacio Nacional. Captura sutil inicial, dominio descarnado final. En medio, el uso del resultado comicial.
El Consejo General del INE, si bien dividido, y la Sala Superior del Tribunal Electoral, con las honrosas excepciones de la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez, avalaron un proceso de proselitismo, gasto y “postulación” no sólo no permitido por la ley, sino contemplado para otro momento.
Reinó la impunidad para colocar por delante a la candidata oficial, promovida con recursos públicos desde la presidencia y las administraciones federal y locales de su misma filiación. El precandidato inconforme confirmó la inequidad del proceso en el cual participó y su disciplina al poder presidencial.
En el fondo, el ejercicio indiscriminado de la propaganda para contrastar la amplia decepción pública con los gobiernos del 2000 al 2018 y los beneficios tangibles de los subsidios presupuestales para las personas con mayores necesidades, así se plantee el carácter universal de la pensión para los adultos mayores. Hubo razón sólida en el incumplimiento de la mejoría de las condiciones de vida para la mayoría de la población y hubo uso del presupuesto para consolidar la base de apoyo en las urnas.
El resultado electoral fue claro y contundente. La candidata oficial rebasó el 59 por ciento de los votos en una elección sin equidad, la candidata del PAN, PRI y PRD no alcanzó el 29 por ciento y el candidato de MC estuvo por encima del 10 por ciento, habiendo permeado su talante de “colaboración” con la postulación de la continuidad. Una aplicación contemporánea del divide et impera con relación a las oposiciones a Morena y sus aliados, pero sobre todo a su liderazgo en manos del Ejecutivo Federal. En principio, pluralidad con mayoría nítida derivada del control del aparato público y su uso electoral. Sin embargo, dos fenómenos marcaron el camino de la súper mayoría para el gobierno: la asignación de las diputaciones plurinominales y la obtención de lealtades por encima del resultado electoral en las senadurías.
En la primera funcionó el alineamiento de la magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata con la interpretación letrista de la Constitución para que la sobrerrepresentación permitida en ocho puntos porcentuales se extendiera poco más del doble. La distorsión entre la expresión de la voluntad popular y la conformación de la Cámara de Diputados fue mayor. Con algo más del 45 por ciento de la votación, las minorías sólo alcanzaron 27.6 por ciento del órgano de representación popular.
En la segunda, la captura viene revestida de supuestas convicciones de conversos y la simulación de un opositor; dos personas electas con la coalición opositora postulados por el PRD que optaron por dar la espalda a sus electores e ir a Morena, dos personas – propietaria y suplente – que optaron por acompañar a la mayoría a cambio del cierre de procesos penales instruidos en su contra, y una persona que se apartó del Pleno con una historia de persecución penal contra su padre, que no acreditó ni aclaró. Captura de personas para lograr la mayoría calificada. Araceli Saucedo, José Sabino Herrera, Miguel Angel Yunes Linares, Miguel Angel Yunes Márquez y Daniel Barreda son nombres que desearíamos olvidar, pero las consecuencias de su actuación los mantienen como accesorios de la alteración de la voluntad popular.
Así se logró la mayoría en las Cámaras para las reformas constitucionales sin acuerdos en la pluralidad. Y, con respecto a la de los poderes judiciales del país, con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán en contra de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá por revisar si una reforma constitucional puede ser contraria a la Norma Suprema y, por tanto, es susceptible de invalidarse. No se revisaría esa, ni ninguna otra. Hay mucha evidencia de los intereses que han movido y mueven a la –lato sensu– clase política. Podemos o no coincidir con el fondo de las reivindicaciones en el plano de las ideas de libertad, igualdad y justicia social, pero las formas con las cuales se han alcanzado las posiciones no hacen sino exhibir una enorme pobreza de valores y principios. Las bases de la transformación en marcha son endebles. La propaganda es la cohesión factible, pero sin estructura sólida; en una dimensión -no menor y significativa- está la interrogante sobre quién está en el timón; en otra, el contraste de la retórica del cambio: no fue un cambio por medios revolucionarios, no fue tampoco la expresión auténtica de la voluntad popular; es el resultado de la cooptación por el conocimiento de los engranajes de la maquinaria y las inconsistencias de la pasta humana. Tome control de los órganos que validan y tome control de la validez de lo que desee.
Algunas personas podrían hablar de un resurgimiento democrático de los desposeídos, de los excluidos en el modelo liberal y de competencia económica en la globalización. Es construcción para justificar la captura de las instituciones que establecieron una mayoría artificial. El grito se hizo oír en 2018 y fue cultivado con base real por la propaganda gubernamental. Sin embargo, la explicación racionalizada de lo sucedido no alcanza a dar cuenta con la realidad de la pluralidad política que se aparta y rechaza la transformación de una mayoría en la súper mayoría sin contrapesos orgánicos.
El saldo mayor es que sin una revolución y un mandato electoral verídico, el poder se concentra en la presidencia de la República, al tiempo de acaparar los méritos de la ampliación de los derechos sociales.
La interrogante es si, además de las reformas sobre el sector eléctrico y el maíz sin ingeniería genética, la jefa de Estado se embarcará en una generación propia de reformas para modificar el modelo de desarrollo en un mundo donde los populismos nacionalistas avanzan y se fortalecen. Además del reto de ser o no ser.
