Justicia
Por Ricardo Alexander M.
Según el concepto clásico del romano Ulpiano, el que se enseña en las más prestigiosas aulas de la carrera de derecho del mundo occidental, la “justicia” es la “constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo”.
Este concepto no es nuevo ni se inventó por los “neoliberales”, sino que se ha ido construyendo por miles de años, a través de las ideas de expertos jurisconsultos en cientos de sociedades diferentes, incluyendo a los griegos y a los romanos.
Y es que precisamente para poderle dar a cada quien lo suyo, se debe evitar la improvisación en la impartición de justicia, pues debe estar basada —por lo menos en el Estado moderno— en la Constitución, las leyes, la jurisprudencia y en los tratados internacionales, con base en criterios pro homine que establecen la protección del ser humano frente a un Estado autoritario que tiende a buscar la acumulación de poder, aunque esto signifique aplastar al ciudadano.
Por eso cuando nuestros gobernantes nos dicen que no salgamos con el cuento de que “la ley es la ley”, están repudiando justamente a las instituciones que los sostienen y les dan autoridad. Y, precisamente, el grupo político que nos gobierna se siente dueño de la justicia desde una profunda ignorancia.
Grandes juristas mexicanos —Manuel Crescencio García Rejón, Héctor Fix-Zamudio, Sergio García Ramírez, etcétera— dedicaron su vida y su tiempo en lograr acercarnos más al ideal de justicia en el deficiente sistema judicial mexicano, creando la CNDH, desarrollando el juicio de amparo, promoviendo la justicia ante organismos internacionales, promoviendo las mejores prácticas para ser accesible a todos los mexicanos. Incluso exportando nuestras figuras jurídicas a otras latitudes.
En ese contexto, llega un individuo que probablemente nunca haya leído la Constitución y que se tardó más de una década en terminar sus estudios superiores —respaldado por algunos columnistas que no entiende conceptos básicos de derecho— y le ordena a una camarilla de “cretinos” —usando las palabras del propio mandatario— que hagan cambios a ese sistema jurídico que tanto trabajo ha costado construir, sin ningún tipo de análisis previo, simplemente porque lo aborrece, pues ha sido una limitante a sus ideas totalitarias.
Se trata de un movimiento político que desprecia las instituciones de justicia y desde su oscurantismo determina cambiarlas. Dice que el amparo debería tener efectos limitados y que los jueces, en lugar de resolver conforme a derecho y justicia, deberían de hacerlo bajo otros criterios, incluso políticos. Que no importa que sean los más aptos estos jurisconsultos, sino los que respondan mejor al régimen y por eso deberían de ser elegidos por el “pueblo” bajo una falsa legitimidad que esconde intereses perversos.
Por eso las voces más lúcidas de nuestra sociedad hoy vislumbran cómo, decisión tras decisión, reforma tras reforma, estamos convirtiendo nuestro sistema legal en una dictadura constitucional. Precisamente es así como nos alejamos más de la democracia liberal y del ideal de justicia que cualquier pueblo racional tendría que aspirar tener.
Lo más irónico es que los más afectados, en el largo plazo, serán aquellos a los que dice defender el Presidente. Se vienen tiempos complicados para México.
