Reforma judicial: Sin política y sin ley
Por Morelos Canseco Gómez
Continúa el trámite de la confrontación entre órganos del Estado para la determinación de sustituir al Poder Judicial conformado con el que emane de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre del año pasado. En la escena destacan la mayoría del Senado y la mayoría conformada en la Sala Superior del Tribunal Electoral (TE) por avanzar en la ejecución de esas modificaciones para le elección de las personas jugadoras que aspiran a la titularidad de un juzgado de Distrito o a integrar un Tribunal Colegiado de Circuito. A contrapelo del título de la famosa comedia shakespereana A buen fin no hay mal principio, el trayecto del arrebato presidencial de López -y que se refrendó por la actual titular-, fue un mal inicio y la continuación homóloga no permite considerar un buen fin para la República. El objetivo real de sujetar los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas a la voluntad política de quienes temporalmente tengan a su cargo la función ejecutiva, ha de pasar la aduana de la resolución de los medios de impugnación interpuestos en contra de la reforma constitucional que envuelve al propósito político.
Ante las suspensiones provisionales y definitivas dictadas por órganos judiciales competentes por la reclamación de personas juzgadoras en funciones ante la conculcación de derechos adquiridos para desempeñar sus funciones y ser removidos en términos de su relación de trabajo al servicio del Estado Mexicano en el Poder Judicial de la Federación, que implicaron consecuencias para diversas instancias a cargo de dar curso a la ejecución de la reforma judicial, particularmente en su fase de preparación y desarrollo de los comicios previstos para el 1 de junio de este año, la Suprema Corte ha sido llamada a dirimir la controversia suscitada al interior del propio Poder Judicial en cuestión sobre la interpretación y aplicación de normas por órganos en materia de amparo y la Sala Superior del TE.
No es el único expediente -hay otros tres acumulados-, pero es el más reciente, al tiempo que ha capturado la atención de la opinión pública por los efectos para los comités de evaluación de los poderes de la Unión encargados de calificar la idoneidad de las personas que pretenden ser electas. Como en el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán y el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en Jalisco otorgaron sendas suspensiones definitivas que implicaban ese proceso, hasta la resolución de fondo de las demandas de amparo, en los poderes legislativo y ejecutivo decidieron no atender los mandatos judiciales; en el poder judicial se cumplió la determinación. Adicionalmente, ante lo ordenado por el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán para que la Sala Superior del TE atendiera la suspensión decretada y se abstuviera de conocer del asunto bajo su jurisdicción, la mayoría de dicho órgano resolvió que la cuestión subyacente en el juicio de amparo es electoral y que ninguna autoridad puede suspender el proceso electoral extraordinario 2024-2025 de personas integrantes del Poder Judicial de la Federación. Así, por un lado. el comité de valuación del Poder Judicial se enfrentó a la orden suspensiva del Juzgado en Michoacán y, por otro, a la determinación del TE para continuar con el proceso. La decisión de sus integrantes fue renunciar al encargo de naturaleza honorífica que habían recibido. A ello se adiciona la previsión del propio TE para que en ausencia de actuación de dicho comité, el Senado le sustituya en sus funciones.
Escribo en la víspera -presumo- de que la Corte discuta el proyecto de resolución del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre las controversias relacionadas con la competencia de los órganos de amparo y especializado electoral en torno a la implementación de la elección judicial extraordinaria y los derechos de personas juzgadoras en funciones que son destituidas por efectos de la reforma constitucional.
Es la etapa presente de las consecuencias de una determinación política nociva y destructora del Estado de Derecho por el ánimo de conculcar la separación de poderes a partir de minar de raíz la independencia judicial; carente de diagnóstico real sobre las insuficiencias y deficiencias no sólo en la impartición de justicia, sino también en los componentes vinculados de las infracciones a las normas administrativas de policía y buen gobierno, la procuración de justicia y los espacios donde anida la corrupción que obliga a plantear judicialmente un asunto; también carente de diálogo nacional para conformar los entendimientos y acuerdos indispensables al grado de consenso que requiere la reforma integral del sistema de justicia, no del despido generalizado de las personas juzgadoras y la elección de quienes las sustituyan; y, desde luego, sin planeación real de las implicaciones de la elección judicial “imaginada” y la complejidad de llevar a la ciudadanía la información indispensable y oportuna para sufragar por quienes integrarán los órganos de impartición de justicia y el órgano de disciplina judicial. En el afán del partido del gobierno y sus aliados por concentrar la función judicial bajo su férula, la exhibición renovada por el atropello del Estado de Derecho es grotesca: (i) la reforma judicial tiene un componente esencialmente electoral, pero ello no impide reconocer los elementos inherentes a los derechos al desempeño de la función de quienes son destituidas por la nueva normatividad; (ii) las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la reforma judicial fueron desestimadas por no haber mayoría suficiente para establecer un criterio, no determinándose la inconstitucionalidad ni tampoco el reconocimiento de constitucionalidad, lo que permite la pervivencia de otros medios de control en la materia; y (iii) el orden jurídico tiene previstos los cauces para resolver conforme a la ley las diferencias que surjan sobre la ejecución de la reforma, sin que sea dable arrogarse competencias a conveniencia. Cuando impera la ley, las suspensiones se impugnan, no se desobedecen; las competencias se respetan, no se crean o adecuan por el órgano impartidor de justicia, y las consecuencias de lo resuelto se asumen en su dimensión, no se resienten como agravios personales.
Utópico fue plantear la rectificación del exabrupto sobre la falta de respeto de la Corte a los poderes legislativo y ejecutivo, porque el resentimiento es la subsistencia de medios jurídicos contra la reforma judicial. Y a los pocos días se renovó la vena autoritaria sobre el establecimiento de la verdad en contra de la evidencia que se pretendía fuera olvidada. Para la reforma judicial no hubo política, pero tampoco se quiere la ley.
