El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que podría conceder libertad condicional a colaboradores de pandillas, lo que implicaría la liberación de aproximadamente 50% de los más de 93,162 detenidos bajo un régimen de excepción que ha estado en vigor desde marzo de 2022. Este anuncio ha generado reacciones de activistas que ven un reconocimiento implícito de errores en las detenciones masivas.
Detenciones bajo régimen de excepción
Desde marzo de 2022, El Salvador ha estado bajo un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales, dejando a más de 93 mil personas detenidas, acusadas de ser parte o colaborar con pandillas. Durante su declaración en la sede del Gobierno en San Salvador, Bukele afirmó: «Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada».
Sin embargo, no aclaró si los beneficiarios de esta medida tendrían que haber sido condenados previamente por un juez. El presidente indicó que se consideraría a quienes vivieron bajo el «yugo» de las pandillas, diferenciando entre quienes impusieron ese control y aquellos que simplemente intentaron sobrevivir.
Reacciones de defensores de derechos humanos
Activistas de derechos humanos han expresado que el anuncio de Bukele parece admitir la detención masiva de personas inocentes. Abraham Ábrego, director legal de la organización Cristosal, comentó: «Durante años, las organizaciones de derechos humanos hemos insistido en que se revisen los casos de personas inocentes detenidas. Hoy el Ejecutivo admite de forma velada su error, pero con un lenguaje confuso».
Ingrid Escobar, abogada de la organización Socorro Jurídico Humanitario, señaló que Bukele también acepta «la incapacidad institucional que existe en nuestro país respecto a las detenciones masivas de salvadoreños en las cárceles». La tasa de presos en El Salvador es de 1,963 por cada 100,000 habitantes, y el hacinamiento carcelario alcanza un 261%, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
Condiciones de detención y victimización
Escobar, quien tuvo que salir del país por temor a represalias, denunció que muchas de las más de 90,000 personas detenidas han sido víctimas de violaciones a sus derechos, incluyendo abusos físicos y psicológicos. Aseguró que muchas de estas detenciones han sido arbitrarias y que a los detenidos se les ha negado el debido proceso.
«La justicia para las familias que resultaron afectadas por las pandillas es fundamental, pero no puede tener en su base condenar inocentes», dijo Ábrego.
Además, Escobar explicó que en la «pirámide de la criminalidad de la pandilla», los «colaboradores obligados» son aquellos que, bajo amenazas, se ven forzados a colaborar. Recordó que Estados Unidos, durante la administración de Joe Biden, sugirió considerar a estas personas como víctimas en lugar de victimarios.
El anuncio de Bukele, aunque ambiguo, representa un cambio en el discurso oficial, en una situación donde las condenas masivas continúan siendo una preocupación central para los defensores de derechos humanos en el país.
Fuente: Plano Informativo
