Un grupo de congresistas demócratas solicitó este lunes al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que indague sobre la adjudicación de casi 7,500 millones de dólares en contratos para obras fronterizas en la región de Big Bend, Texas, debido a posibles irregularidades y favoritismo hacia empresas relacionadas con Donald Trump.
La carta está firmada por 23 legisladores, entre ellos los texanos Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro.
Detalles sobre las empresas señaladas
Los congresistas mencionan específicamente a dos empresas: Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel, que obtuvieron cuatro de los cinco contratos asignados para este sector.
En el caso de Barnard Construction, los legisladores argumentan que su fundador, Tim Barnard, donó alrededor de 1 millón de dólares a grupos de recaudación de fondos para la campaña de Trump en 2024.
Por otro lado, Fisher Sand & Gravel contrató en 2021 a Tom Homan, quien fue ‘zar’ de la frontera durante el Gobierno de Trump, para hacer lobby en Texas mientras dirigía una firma de consultoría privada.
Reacciones y contexto del proyecto
La decisión del Gobierno de EE.UU. de construir un tramo del muro fronterizo en el oeste de Texas, que incluye el Parque Nacional Big Bend, ha generado críticas de organizaciones ambientalistas, propietarios de terrenos y residentes de la zona.
Este parque cuenta con más de 324,000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, donde habitan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes reconocidos.
En la misiva, los congresistas expresan que «los contribuyentes merecen tener la certeza de que las decisiones que afectan al parque y a la región (…) responden a necesidades públicas legítimas y no a influencias políticas o intereses privados».
A pesar de que la región de Big Bend es una de las menos afectadas por cruces irregulares, concentrando apenas el 1.3 % de las detenciones en la frontera en 2025, el DHS la clasificó en mayo como un área de alta entrada ilegal de migrantes, argumentando una necesidad «aguda e inmediata» de construir barreras físicas allí.
Los legisladores piden que el inspector general investigue si realmente hay una alta entrada ilegal en la zona, si los contratos fueron adjudicados correctamente a pesar de que el Gobierno se eximió de cumplir varias leyes federales, y si el gasto responde al interés público.
Esta carta llega una semana después de que el Supremo de EE.UU. autorizara al Gobierno a reanudar la construcción del muro fronterizo en Big Bend, que había sido detenida por un tribunal menor en Texas. En su fallo, el Supremo argumentó que el Gobierno tiene intereses «apremiantes» en materia de «seguridad e integridad» de la frontera al construir el muro.
Fuente: Plano Informativo







































