El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció este lunes la revocación de visas a altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de estar involucrados en actividades de corrupción y de socavar gobiernos democráticos.
Bolivia es el país más afectado, con trece funcionarios o exfuncionarios y un empresario en la lista publicada por el Departamento de Estado. Entre los mencionados se encuentran el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
Detalles de las sanciones
También figuran en la lista el fiscal superior Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrupción Albania Chane Caballero, el fiscal de Santa Cruz Alberto Zeballos y el coronel de policía Frans William Cabrera.
La restricción de acceso a Estados Unidos se basa en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al considerar que estos funcionarios «atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico». En el caso de Mariaca, se aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional por su participación en casos de corrupción graves.
Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca «ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo» y socavan las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer.
Adicionalmente, otras nueve personas de Bolivia sin visas se declararon «ineligibles» para obtenerlas en el futuro. Entre los colombianos afectados están el empresario Euclides Antonio Torres y la senadora Martha Isabel Peralta, presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), parte de la coalición del Pacto Histórico. También se impusieron sanciones en Perú al juez Juan Carlos Núñez.
Reacción del Parlamento boliviano
Ante esta situación, el Legislativo de Bolivia solicitó a la Cancillería que obtenga información del Departamento de Estado sobre las acusaciones de corrupción contra Mariaca. El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que junto al titular de la cámara baja, Roberto Castro, pidieron gestionar toda la información oficial sobre los señalamientos contra el fiscal general.
Ávila enfatizó que es necesario conocer el alcance de las acusaciones y contar con los documentos pertinentes. Indicó que «una denuncia no es una sentencia» y que es fundamental actuar con responsabilidad, pidiendo que Mariaca se aparte de sus funciones mientras se aclara la situación.
Respuesta de Roger Mariaca
El fiscal general Roger Mariaca rechazó las acusaciones y exigió respeto por la soberanía de Bolivia. En una declaración desde Sucre, manifestó su sorpresa por la decisión de Estados Unidos y afirmó que no aceptará que su labor sea cuestionada por pronunciamientos externos.
«No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado (…) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior», declaró.
Mariaca también relacionó la decisión de EE.UU. con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, incluyendo casos penales de alto perfil. Afirmó: «Si cumplir con mi deber significa enfrentar presiones, asumiré esa responsabilidad porque la función pública no puede estar condicionada por el temor.»
Fuente: Plano Informativo
