Este miércoles, durante la conferencia “Derecho de Réplica”, la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, anunció la presentación de tres documentos sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios mexicanos. Esta acción fue instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y responde a solicitudes de acceso a la información.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se transparentará la documentación disponible, salvo las notas diplomáticas relacionadas con expedientes judiciales, que se mantienen reservadas por su naturaleza.
Detalles de la solicitud de extradición
Los documentos revelan que el 28 de abril de 2026, Estados Unidos solicitó la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos, incluyendo a Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza Cázarez. Esta solicitud está vinculada a una acusación presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Según la acusación estadounidense, los mencionados habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y participado en una conspiración para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, así como en delitos relacionados con armas. Los documentos aclaran que estas son acusaciones y no condenas.
La postura oficial del gobierno mexicano indica que las solicitudes fueron enviadas a la Fiscalía General de la República (FGR), que ha abierto una investigación para determinar los siguientes pasos según la evidencia y el marco jurídico nacional.
El gobierno subrayó que, bajo el sistema penal acusatorio, no se puede proceder a una detención o acción judicial solo con señalamientos, sino que se requieren pruebas claras y verificables. Además, reafirmó que no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito y que todas las acciones deben apegarse a la Constitución y las leyes del país.
Preocupaciones sobre la divulgación de información
Un documento adicional presentado incluye un oficio del 30 de abril enviado por la Cancillería a la Embajada de Estados Unidos, en el que México expresó su preocupación por la divulgación pública de los nombres y cargos incluidos en las solicitudes de detención provisional.
La SRE argumentó que esta divulgación podría afectar las investigaciones, los procedimientos de extradición y el derecho al debido proceso. También recordó que el gobierno estadounidense había solicitado mantener reservada la información contenida en las solicitudes, lo que imposibilitó a México garantizar la confidencialidad requerida.
El gobierno mexicano aclaró que la reserva inicial se debió al carácter judicial del procedimiento y no a una decisión para proteger a Rocha Moya. Con la publicación de estos documentos, se busca responder a las versiones que sugieren un supuesto “blindaje” político en el manejo del caso.
Con información de López-Dóriga Digital.
Fuente: López-Dóriga Digital
