El Gobierno de Donald Trump implementó una nueva interpretación legal que busca obligar a los estados a colaborar con las autoridades de inmigración. Anunciada este miércoles, esta medida implica que los estados deben reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la presencia de inmigrantes indocumentados o arriesgarse a perder fondos de programas de ayuda.
Impacto en programas de asistencia
Los estados que no cumplan con esta obligación podrían enfrentar la pérdida de fondos federales destinados a los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Ambos son cruciales para la red de seguridad social de familias de bajos ingresos, así como para ancianos y personas con discapacidades en EE. UU.
La interpretación previa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, vigente desde 1998, solo obligaba a ciertas agencias estatales que administraban estos programas a reportar información a las autoridades de inmigración. Sin embargo, la nueva revisión amplía esta obligación a todos los estados, según lo destacó el propio departamento en un comunicado.
“Los fondos públicos destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deben fomentar de manera perversa la entrada ilegal al país, sino más bien reforzar las leyes y las fronteras”,
afirmó el fiscal adjunto T. Elliot Gaiserranjeros.
Este nuevo dictamen es parte de la política de mano dura de la Administración Trump en materia de inmigración. Se anticipa que enfrentará desafíos legales, dado que los tribunales han anulado intentos previos de presionar a estados y ciudades en cuestiones similares.
Fuente: Plano Informativo
