Los sindicatos de docentes y trabajadores de universidades públicas argentinas comenzaron este jueves un paro nacional de 48 horas. La protesta se da en demanda del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025, así como de una mejora salarial y la restitución de fondos para el sistema educativo.
Detalles de la huelga
Los representantes de los trabajadores informaron que el acatamiento a la huelga es «casi total». La jornada de protesta continuará este viernes con clases en la calle, movilizaciones y otras actividades dirigidas a captar la atención de los transeúntes.
La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y otras organizaciones del ámbito universitario.
Reclamos fundamentales
El principal reclamo de los sindicatos es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso argentino en 2025 y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Aunque el Parlamento logró revertir el veto, el Gobierno de Milei aún no ha cumplido con su aplicación, a pesar de las medidas cautelares de la Justicia que lo obligan.
Los sindicatos aseguran que el ajuste está afectando principalmente los salarios de los trabajadores. Un informe de FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) revela que los salarios del sector universitario han sufrido una pérdida real del 23.8% desde noviembre de 2023. Para recuperar el poder adquisitivo previo a la llegada de Milei, estos salarios deberían aumentar un 31.2%.
La huelga de este jueves y viernes se suma a otras acciones de protesta llevadas a cabo en los últimos meses, como la huelga del 12 de agosto y la masiva movilización del 12 de mayo en Buenos Aires, que se replicó en otras ciudades del país. Estas movilizaciones tienen el objetivo de exigir al Gobierno mayores fondos para las universidades públicas, que enfrentan una crisis por el ajuste del Ejecutivo y el incumplimiento de la ley de financiamiento de la educación superior.
Fuente: Plano Informativo
