Brenda Quevedo, acusada de participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, continuará su proceso penal en libertad. Un juez federal ha ordenado retirar el brazalete electrónico y poner fin al resguardo domiciliario que cumplía desde 2024.
Decisión judicial y medidas cautelares
La resolución provino del Primer Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, tras una audiencia que se extendió por más de 12 horas. La defensa de Quevedo solicitó revisar las medidas cautelares impuestas después de que, en junio de 2024, se modificara la prisión preventiva que había estado cumpliendo durante más de 15 años.
El juez determinó retirar el resguardo domiciliario, el brazalete electrónico y la custodia permanente de la Guardia Nacional. También levantó la restricción que le impedía salir de la zona conurbada. Sin embargo, el proceso penal en su contra todavía continúa.
Entre las medidas cautelares que se mantuvieron destacan la prohibición de acercarse a la parte acusadora y la obligación de presentarse a firmar cada cuatro meses. Además, Quevedo deberá solicitar autorización judicial si desea salir del país.
Argumentos de la defensa
Durante la audiencia, la defensa presentó más de 40 datos de prueba para argumentar que las circunstancias que fundamentaron inicialmente las restricciones habían cambiado. Uno de los puntos clave fue el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto Wallace, quien había expresado preocupaciones sobre su integridad y recibió amenazas relacionadas con el caso.
Según el periodista Arturo Ángel, la defensa sostuvo que esta situación modificaba uno de los motivos considerados para mantener a Quevedo en prisión preventiva. Los abogados también mencionaron que Quevedo había cumplido con las medidas cautelares durante los últimos dos años sin incidentes y que su comportamiento había sido respetuoso.
Además, argumentaron que la acusada padece diversos problemas de salud que requieren atención médica especializada, aunque este punto fue cuestionado por los representantes de la familia Wallace, quienes afirmaron que Quevedo había recibido atención médica durante su tiempo en prisión y en su resguardo domiciliario.
Reacciones y antecedentes del caso
La Fiscalía General de la República (FGR) y los asesores jurídicos de la familia Wallace se opusieron a la modificación de las medidas cautelares. Según el periodista, argumentaron que la muerte de Isabel Miranda no eliminaba el supuesto riesgo para otros miembros de la familia ni garantizaba que Quevedo no intentara fugarse.
El caso contra Brenda Quevedo se remonta a casi dos décadas y, hasta la fecha, no existe una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal. Quevedo fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Estados Unidos y luego extraditada a México, donde permaneció más de 15 años en prisión preventiva antes de obtener el resguardo domiciliario.
En 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que reconocía violaciones al debido proceso y actos de tortura física y sexual en contra de Quevedo. En 2025, el organismo emitió otra recomendación relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos de sus familiares. Asimismo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó en 2020 que Quevedo había sido víctima de una detención arbitraria y que sus derechos habían sido vulnerados.
Fuente: El Financiero
