La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó al Gobierno de Jalisco a salvaguardar los derechos de protesta social, libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, tras los incidentes del 11 de octubre en Guadalajara, donde se realizó una manifestación por la calidad del agua.
La movilización se inició en la Glorieta de La Minerva y se dirigió hacia Casa Jalisco, donde se reportaron enfrentamientos entre los manifestantes y elementos de Seguridad Pública estatal. Ciudadanos y defensores de derechos humanos exigieron soluciones ante las denuncias por el deterioro del agua potable en varias colonias de la zona metropolitana.
Denuncias de abusos y detenciones
Según informes periodísticos citados por la CNDH, miembros del Escuadrón Antimotines habrían usado gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a los congregados. Entre las presuntas víctimas se encontraban menores de edad, adultos mayores y representantes de medios de comunicación.
Familiares y medios también denunciaron detenciones arbitrarias y lesiones durante los enfrentamientos. Ante estas afirmaciones, la CNDH solicitó a las autoridades competentes que aclaren los hechos y determinen las responsabilidades conforme a la ley.
La CNDH vinculó las protestas con las quejas ciudadanas sobre la calidad del agua potable en Guadalajara y sus alrededores, donde los habitantes han manifestado su preocupación por los posibles efectos sanitarios y las condiciones del sistema de abastecimiento.
Derechos de protesta y medidas cautelares
El organismo recordó que, mediante la Recomendación General 46/2022, advirtió que la protesta social es parte del ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución mexicana y tratados internacionales. Resaltó que cualquier intervención policial debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizando la integridad de las personas.
Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares para asegurar atención médica y respeto a los derechos de las personas detenidas.
La CNDH se ofreció a colaborar con las autoridades estatales, si requieren su intervención dentro de sus atribuciones. Finalmente, condenó toda forma de violencia contra los defensores de derechos humanos y reafirmó que la protesta pacífica es una expresión legítima de participación ciudadana que las autoridades deben proteger.
Fuente: Plano Informativo
