El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba alertó que la implementación del nuevo Servicio Universal de Salud provocará el colapso del IMSS y el ISSSTE. El legislador del PAN señaló que el modelo es «improvisado» y carece del billón de pesos adicionales necesarios para su operación, lo que pone en riesgo la atención de la población derechohabiente y la estabilidad financiera de las instituciones de seguridad social.
Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud y experto en gestión hospitalaria, condenó que el Gobierno federal emitiera este decreto sin una reforma legal de fondo. Según el legislador, el plan busca fusionar de facto a las instituciones públicas, pero sin aclarar quién financiará los servicios ni cómo operará la compensación económica entre ellas para atender a la población no asegurada.
Un decreto sin sustento en las leyes vigentes
El legislador advirtió que un decreto presidencial no tiene facultades para modificar las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex, las cuales reservan constitucionalmente su atención a los trabajadores asegurados. Al no existir cambios aprobados por el Congreso, el Servicio Universal de Salud carece de una base legal sólida para obligar a estas instituciones a abrir sus puertas a toda la población.
«Se trata de una farsa de universalidad donde todos tendrán una credencial, pero no recibirán atención oportuna ni de calidad», sostuvo Ramírez Barba. Además, destacó que el proyecto no figura en el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que refuerza su percepción de que se trata de una estrategia con fines electorales de cara al proceso de 2027.
Riesgos de saturación y déficit de infraestructura
La presión sobre la infraestructura médica actual es uno de los puntos más críticos señalados por el diputado. Actualmente, el IMSS-Bienestar cuenta con apenas una cama por cada mil personas, mientras que el IMSS atiende a 53 millones de derechohabientes. Sumar a 48 millones de personas sin afiliación sin invertir en nuevos hospitales agravará el deterioro de los servicios.
Otros riesgos identificados incluyen:
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Uso de cuotas: Peligro de financiar la atención general con las cuotas obrero-patronales.
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Déficit de personal: México cuenta con solo dos profesionales de la salud por cada mil habitantes.
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Presupuesto estancado: El país invierte el 2.6% del PIB en salud; para un sistema universal real se requiere elevar la inversión a más de 2 billones de pesos.
Falta de inversión y control político
El decreto establece que las instituciones deben cubrir los gastos con sus presupuestos autorizados, lo que significa que no habrá recursos adicionales de inversión. Ramírez Barba criticó que la operatividad del sistema, incluyendo la credencialización y el manejo de 3,500 millones de pesos, quedara bajo el control de la Secretaría de Bienestar y los «Siervos de la Nación» en lugar de la Secretaría de Salud.
Para el bloque opositor, cualquier modificación al régimen de servicios del IMSS e ISSSTE debe pasar por una ruta presupuestaria seria que no comprometa las pensiones, guarderías y la calidad médica actual. El legislador concluyó que, sin duplicar el esfuerzo financiero, el anuncio es una narrativa política que no soluciona la crisis estructural del sector salud en México.
