El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, hizo un llamado urgente para postergar la elección de jueces, magistrados y ministros programada para 2027. El objetivo es evitar una «tormenta perfecta» operativa y política, provocada por la coincidencia de este proceso con la renovación de la Cámara de Diputados y la elección de 17 gobernadores.
Durante su intervención en el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral en Aguascalientes, De la Mata calificó como un error de diseño legislativo el empalmar ambos procesos. El magistrado advirtió que, aunque el INE y el Tribunal tienen la capacidad técnica para organizar las jornadas, el costo real se reflejaría en una crisis de legitimidad y fiscalización de los resultados.
Riesgos técnicos y peligro de impugnaciones masivas
El magistrado señaló que la experiencia obtenida en la elección judicial de 2025 dejó lecciones claras sobre las deficiencias en el marco normativo actual. Entre los puntos más críticos que requieren una revisión profunda antes de 2027 destacan:
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Complejidad en las boletas: La dificultad para identificar a cientos de candidatos en un solo ejercicio.
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Vacíos en fiscalización: Normas confusas sobre el origen y uso de recursos en campañas judiciales.
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Equidad de la contienda: Un alto riesgo de que el rompimiento de principios básicos derive en la nulidad de elecciones.
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Capacitación y geografía: Necesidad de ajustar la logística para procesos que tienen naturalezas distintas.
«Por el bien de México, hay que separar la elección judicial de la política ordinaria», sentenció De la Mata, subrayando que la independencia judicial debe preservarse frente a las dinámicas propias de la competencia partidista.
Paridad sustantiva y el reto de la ciudadanía
En el mismo panel, las magistradas presidentas de las salas regionales de Xalapa, Guadalajara y Ciudad de México coincidieron en que el reto central para 2027 es dotar a los votantes de herramientas eficaces para evaluar perfiles técnicos. Destacaron que la reforma judicial ha permitido romper brechas de género históricas, pero que la paridad no debe ser un simple criterio numérico.
Las magistradas Roselia Bustillo, María Cecilia Guevara y Rebeca Barrera sostuvieron que el sistema debe evolucionar hacia una filosofía paritaria que asegure la participación sustantiva de las mujeres en los puestos de toma de decisión. Para lograrlo, insistieron en que los ajustes al proceso deben centrarse en garantizar la equidad y la transparencia, alejando a los juzgadores de la polarización política de los comicios constitucionales.
