El Gobierno federal ha presentado una propuesta para incrementar más del 140% el cobro a las empresas ferroviarias por el uso de las vías. Esta medida, que forma parte del Paquete Económico 2027, podría influir en las tarifas y, por ende, en el precio de las mercancías, según advirtieron especialistas.
Detalles de la propuesta
La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum plantea aumentar el derecho sobre los ingresos brutos de las concesionarias con más de 15 años de operación, pasando del 1.25% al 3.0%. Según Carlos Barreda, especialista del sector ferroviario, este incremento podría tener un impacto significativo en toda la cadena de suministro.
Barreda explicó que «existe el riesgo de que este aumento se traslade al usuario final en la medida que las tarifas por el servicio se actualicen, y con ello, los precios de las mercancías que mueve el ferrocarril y que tienen implícito el componente del costo del transporte».
Las empresas que más sufrirían las consecuencias de este ajuste son Ferromex y Canadian Pacific Kansas City (CPKC), las dos grandes concesionarias privadas de carga. El aumento a los derechos aplicaría a las concesiones a partir del año 16, lo que significa que las concesiones con menos de 15 años y los proyectos nuevos no se verían afectados.
Impacto financiero
El impacto del aumento se puede ilustrar con los datos financieros de Ferromex, que reportó ingresos netos de 48 mil 38 millones de pesos y una utilidad neta de 7 mil 254 millones de pesos en 2025. Si se aplicara la nueva tasa sobre sus ingresos del año pasado, esto representaría un costo adicional de aproximadamente 841 millones de pesos al año, equivalentes al 11.6% de su utilidad neta.
En 2023, Ferromex pagó 521 millones de pesos por este derecho, 576 millones en 2024 y 626 millones en 2025. Con la nueva tasa, el pago podría superar los mil 500 millones de pesos anuales, dependiendo de sus ingresos y la aplicación final de la reforma.
Por ahora, Barreda señala que no se puede determinar el porcentaje de impacto en las tarifas de los servicios ferroviarios, ya que estas se actualizan año con año y el Gobierno es quien autoriza los incrementos. Óscar Cortés, socio fundador de la firma de consultoría Alttrac, también coincide en que es prematuro evaluar el impacto financiero directo para la industria, señalando que será necesario revisar a fondo la iniciativa de Ley de Derechos.
Fuente: Periódico AM
