El Gobierno de México oficializó la integración de las personas repatriadas y sus núcleos familiares al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece que esta medida humanitaria busca mitigar los efectos de las políticas migratorias de Estados Unidos, asegurando un retorno digno y ordenado al país durante el transcurso de 2026.
La disposición legal garantiza a los connacionales el acceso a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Este esquema de protección será financiado directamente por el Instituto, que asumirá la gestión de los costos operativos para no desamparar a quienes regresan al territorio nacional.
Alcance y servicios de salud garantizados
El beneficio, que se extiende a los beneficiarios legales de los repatriados, contempla una cobertura integral en los siguientes rubros:
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Asistencia médica y quirúrgica: Consultas y procedimientos necesarios.
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Atención farmacéutica y hospitalaria: Suministro de medicamentos e internamiento integral.
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Servicios obstétricos: Cuidado especializado para mujeres en etapa de embarazo y parto.
Vigencia y condiciones de la cobertura
Según el Artículo 1 del decreto, la protección sanitaria tiene una duración máxima de tres meses. No obstante, existen dos condiciones que podrían dar por terminada la cobertura antes de cumplirse dicho plazo:
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La incorporación del beneficiario a un empleo formal con seguridad social.
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La inscripción voluntaria al régimen obligatorio bajo cualquier otra modalidad disponible.
Para la operatividad de este programa, el IMSS cuenta con un periodo de 15 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para emitir el acuerdo normativo correspondiente. Este documento deberá definir con precisión la identificación de la población objetivo y la modalidad de aseguramiento.
Esta estrategia da continuidad a las reglas generales establecidas el 5 de febrero de 2025, reforzando la coordinación entre la Administración Pública Federal y las autoridades estatales para garantizar que ningún mexicano que retorne al país carezca de respaldo sanitario básico durante su transición.
