A un año de la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros en México, expertos en derecho constitucional y judicial emiten su juicio: la reforma promovida por la Cuarta Transformación ha otorgado al gobierno federal un control significativo sobre el Poder Judicial.
Un indicativo claro de este cambio es que el Gobierno federal ha dejado de perder litigios de gran relevancia ante la Suprema Corte de Justicia.
Asuntos como créditos fiscales por montos multimillonarios, impuestos a empresarios críticos, bloqueos de cuentas bancarias y diversas reformas impulsadas por el oficialismo han sido resueltos a favor del Ejecutivo.
La transformación del Poder Judicial inició oficialmente el 1 de junio de 2025, cuando se llevó a cabo la elección de 881 impartidores de justicia a través del voto popular.
Desde esa fecha, el nuevo modelo ha enfrentado también problemas administrativos, incluyendo protestas de jueces retirados por prestaciones adeudadas, denuncias sobre la falta de insumos en los tribunales y la renuncia de funcionarios, entre ellos dos que fueron elegidos mediante votación.
El Ministro en retiro José Ramón Cossío manifestó: «Me parece que las reformas tuvieron, desde su origen, el intento de quedarse con el Poder Judicial de la Federación, dominando la función judicial en todo el país».
A su juicio, la modificación constitucional fue aprobada sin un diagnóstico adecuado sobre los problemas que enfrenta el sistema de justicia, y los foros de discusión únicamente sirvieron para validar una decisión que ya había sido tomada.
Estas críticas son respaldadas por el constitucionalista Diego Valadés, quien argumenta que la reforma y sus posteriores modificaciones constituyen una «pseudo reforma» que ha eliminado pilares fundamentales del sistema judicial.
«Lo lamentable es que en México se tomó una decisión radical de sustituir a todos los juzgadores federales, excepto a aquellos que aceptaron las reglas del juego electoral. Esta decisión eliminó la carrera judicial y la independencia judicial, afectando así la calidad de la justicia», sostiene.
José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, también se une a las críticas, señalando que la principal pérdida es la desarticulación de la carrera judicial y del capital humano especializado que el Estado mexicano ha formado a lo largo de los años.
Fuente: Plano Informativo
