La Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reforma constitucional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual posterga la elección de jueces, magistrados y ministros hasta junio de 2028. La iniciativa obtuvo 341 votos a favor y 124 en contra, emitidos en bloque por las fracciones de oposición y la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Aracely Cruz.
El dictamen reestructura el calendario original programado para 2027, haciendo coincidir el proceso de votación con una eventual consulta de revocación de mandato. Además de la prórroga, las modificaciones obligan a los Congresos locales a homologar sus legislaciones con este modelo e introducen cambios en la organización operativa del Instituto Nacional Electoral (INE).
Cambios estructurales en la selección y organización judicial
La legislación aprobada reduce sustancialmente el volumen de aspirantes elegibles para la boleta. Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados electorales, la lista disminuye de diez a cuatro perfiles evaluados por cargo. En el caso de magistraturas de Circuito y juzgados de Distrito, la oferta baja de seis a cuatro opciones.
Posteriormente, el universo de candidatos se reducirá a dos por posición mediante una insaculación pública. La reconfiguración del aparato judicial y electoral incluye:
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División de la SCJN: El máximo tribunal operará a través de un Pleno y dos secciones diferenciadas.
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Distritos judiciales electorales: El INE deberá delimitar nuevas demarcaciones basadas en la división de los circuitos judiciales actuales.
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Escrutinio inmediato: El conteo definitivo de los sufragios se realizará directamente en las mesas de casilla receptoras.
Argumentos del bloque oficialista
Los defensores de la reforma afirmaron que los cambios forman parte de un ejercicio de revisión institucional necesario tras la implementación de la reforma judicial previa de septiembre de 2024. La diputada de Morena, Mariana Benítez, argumentó que aplazar la jornada electoral otorga el margen operativo indispensable para que los comités técnicos perfeccionen los métodos de evaluación y el diseño de la cartografía electoral.
Asimismo, los legisladores de la mayoría indicaron que empatar la jornada de votación con los ejercicios de revocación de mandato optimizará la asignación de presupuesto público, centralizando la estructura logística en un solo periodo electoral.
Alertan por control político y cambios en el Artículo 35
Por el contrario, los grupos parlamentarios de oposición manifestaron que la propuesta evidencia fallas estructurales en el decreto original de 2024. Diputados de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que la centralización del proceso en una nueva Comisión Coordinadora de evaluación reduce la pluralidad democrática y acentúa el control político sobre el Poder Judicial, manteniendo los sorteos por tómbola como filtro decisivo.
La controversia principal se concentró en la modificación indirecta del Artículo 35 de la Constitución. El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, y la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, advirtieron que la reforma reactiva lineamientos del antiguo «Plan A» electoral. Señalaron que el nuevo texto abre la posibilidad legal de empalmar de manera permanente las consultas de revocación con elecciones federales y locales en sexenios subsecuentes, una propuesta que el propio Congreso Federal ya había rechazado.
Tensiones y confrontación en el pleno
El debate en San Lázaro escaló cuando el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla calificó de «asesino» al diputado de Morena, Leonel Godoy, desde la tribuna principal. La negativa del legislador de oposición a abandonar el espacio generó reclamos generalizados por parte de la bancada mayoritaria, interrumpiendo el flujo de la sesión ordinaria.
Ante la posibilidad de un altercado físico, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, intervino para exhortar a sus legisladores a evitar provocaciones, solicitando formalmente retirar los insultos del Diario de Debates, petición que el diputado Gutiérrez Mancilla declinó. Paralelamente, la diputada petista Lilia Aguilar recriminó la conducción del debate a la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien defendió la imparcialidad del órgano de dirección parlamentaria.
