La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda han documentado uno de los mayores esquemas de blanqueo de activos en la última década en México. La investigación apunta a una red que movilizó 9 mil 631.8 millones de pesos en apenas tres años, una cifra que iguala el presupuesto anual de dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación.
El expediente, liderado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se centra en las operaciones de tres razones sociales: Optimización Dalga, Lovies y OHAT. Estas entidades, identificadas por el SAT como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), realizaron más de 17 mil depósitos y 55 mil retiros entre 2016 y 2019, involucrando a cientos de personas físicas y morales.
Operaciones simuladas y falta de registros bancarios
La magnitud del caso obligó a la FEMDO a solicitar una inspección ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para verificar si estas empresas contaban con permisos para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero. La respuesta, emitida el 10 de enero de 2024, fue tajante: ninguna de las empresas posee antecedentes o autorizaciones para realizar actividades financieras en el país.
El flujo de recursos detectado se divide en dos periodos críticos:
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Del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018.
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Del 8 de julio al 30 de octubre de 2019.
En estos lapsos, la red trianguló capitales en ciudades como Metepec, Tlalnepantla, Xalapa, Zapopan y la Ciudad de México, utilizando un esquema de dispersión que dificultaba el rastreo de los beneficiarios finales.
Los rostros tras la red de blanqueo
Las indagatorias señalan a Vicente Estrada Viveros como la figura central en la constitución de estas sociedades ante notarios públicos en el Estado de México y la capital del país durante 2015. Estrada figura como apoderado o accionista en las tres empresas señaladas.
Junto a él, la FGR busca imputar a otras cinco personas vinculadas a la administración y accionariado de estas firmas:
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Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal (Optimización Dalga).
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Rafael Solano López y Claudia Guzmán Salazar (Lovies).
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Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila (OHAT).
Precedentes de alto impacto en México
Por el volumen de recursos ilícitos, este caso se posiciona como el segundo más relevante en la historia reciente del sistema judicial mexicano, solo superado por el proceso contra Juan Carlos Minero Alonso (Black Wallstreet Capital), por 15 mil millones de pesos. Supera, en contraste, el expediente de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, operador del Cártel de Sinaloa, a quien se le imputó el blanqueo de 6 mil 119 millones de pesos.
Actualmente, fuentes federales confirman que la FGR ha presentado el caso ante un juez de control y se encuentra a la espera de la audiencia inicial para formular las imputaciones correspondientes por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
