El partido Morena ha decidido expulsar a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, tras ser vinculada a proceso el 9 de julio por presuntamente fingir su propio secuestro. Este acto fue aparentemente una estrategia para justificar un desfalco de 40 millones de pesos en recursos públicos.
Expulsiones adicionales en Morena
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena emitió la decisión de expulsar a Nápoles luego de haber suspendido previamente sus derechos partidarios por las acusaciones en su contra, según reportó Nmás. No fue la única sancionada; también fueron expulsadas Blanca Yaneth Chiu López, expresidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, y Olivia Espinosa, regidora de Ocozocoautla, ambas acusadas de abuso de autoridad y extorsión agravada.
Demandas de destitución en Tenancingo
Mientras tanto, miembros del Colectivo Tenancingo se manifestaron frente al Congreso del Estado de México solicitando la destitución de Nápoles y una investigación sobre las irregularidades financieras y administrativas en su gestión. Javier Calzada, representante del colectivo, aseguró que su grupo está conformado por más de 100 personas, aunque sus demandas reflejan el descontento de miles de habitantes de Tenancingo.
Calzada destacó que algunos ciudadanos temen manifestarse públicamente debido a posibles represalias de la alcaldesa. «No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que hagan su trabajo. Su trabajo es rendir cuentas y esclarecer lo que está sucediendo», enfatizó.
Las protestas se intensificaron luego de que las auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la Cuenta Pública 2025 revelaran 163 observaciones en la revisión del cumplimiento financiero del Ayuntamiento de Tenancingo. Entre las irregularidades destacaron:
- Pagos a trabajadores no registrados en la plantilla autorizada.
- Remuneraciones superiores a los tabuladores establecidos.
- Posibles inconsistencias en el ejercicio del presupuesto.
Calzada consideró que estos hallazgos son suficientes para solicitar al Congreso estatal que intervenga y aclare las posibles responsabilidades de los funcionarios municipales. Las críticas también se extienden a las contrataciones públicas; el análisis de 27 contratos municipales resultó en cuatro resultados finales, 10 recomendaciones y dos pliegos de observaciones.
El OSFEM indicó que los procedimientos de auditoría continuarán en la etapa de seguimiento, para que el Ayuntamiento presente la documentación correspondiente y aclare las inconsistencias detectadas. Calzada subrayó que las anomalías no se limitan a la nómina, sino que también hay cuestionamientos sobre obras públicas, adjudicaciones y empresas contratadas.
El colectivo exige que se transparente quiénes recibieron los recursos públicos y cuáles fueron los trabajos realizados, además de que las autoridades lleven a cabo investigaciones sobre las posibles irregularidades y determinen las responsabilidades pertinentes.
Con información de Quadratín
Fuente: El Financiero







































