La propuesta de reforma sobre la elección de juzgadores enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea una modificación al artículo 35 de la Constitución para permitir que la consulta de revocación de mandato coincida con los comicios federales y locales en los sexenios posteriores a 2028. Esta medida elimina la restricción constitucional vigente que prohíbe explícitamente celebrar ambos ejercicios democráticos el mismo día.
El proyecto de dictamen iniciará su ruta legislativa este viernes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, según informó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. La previsión del grupo parlamentario es dictaminar la iniciativa el próximo martes, votarla en el Pleno de San Lázaro el miércoles y turnarla inmediatamente al Senado durante un periodo extraordinario de sesiones.
Modificación constitucional y el objetivo económico para 2028
La iniciativa presidencial busca ajustar la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024. El argumento central del Ejecutivo Federal para modificar la redacción del artículo 35 constitucional es generar ahorros presupuestales significativos al empatar la elección de jueces, magistrados y ministros con la eventual consulta de revocación de mandato programada para 2028.
El texto de la propuesta establece el siguiente criterio para la organización de los futuros procesos consultivos:
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Nueva calendarización: El ejercicio se ejecutará el primer domingo de junio del año que corresponda.
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Concurrencia electoral: La votación se llevará a cabo de forma coincidente con las jornadas electorales federales y locales.
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Eliminación de candados: Se suprime la prohibición histórica que obligaba a separar las consultas de revocación de los comicios ordinarios.
Antecedentes legislativos y el debate de las fuerzas aliadas
Este nuevo intento de modificación constitucional ocurre luego de que en marzo pasado fracasara una propuesta de la mandataria para adelantar la consulta a 2027 y hacerla coincidir con las elecciones intermedias federales. En aquella ocasión, los partidos aliados de la coalición gobernante frenaron la iniciativa.
El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde ecologista de México (PVEM) rechazaron la propuesta anterior bajo el argumento de que la concurrencia en las urnas abría la ruta hacia la consolidación de un partido hegemónico de Estado.
La viabilidad de esta nueva reforma dependerá de la aprobación del periodo extraordinario por parte de la Comisión Permanente, el cual se resolverá de forma paralela a la distribución del proyecto de dictamen entre los legisladores.
