Un tribunal federal declaró que la multa de 9,145 millones de pesos impuesta a Iberdrola por la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) en mayo de 2022 es 446 veces superior al límite legal, lo que la convierte en «excesiva y desproporcionada». Esta resolución se enmarca en la contienda administrativa que se inició durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Detalles del fallo judicial
El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica determinó que la sanción superaba el límite permitido por el artículo 22 Constitucional, que establece un tope de 200,000 salarios mínimos, equivalentes a 20.5 millones de pesos. De este modo, se ordena que cualquier nueva sanción no exceda dicho límite.
A pesar de que Iberdrola defendió la legalidad de sus operaciones de venta de energía, los magistrados concluyeron que la empresa había violado los términos de sus permisos de autoabastecimiento energético. Además, el tribunal ordenó una revisión detallada de la facturación de la filial Iberdrola Energía Monterrey entre enero de 2019 y agosto de 2020, para identificar qué comprobantes correspondían a ventas directas de energía.
Desde el inicio del juicio de amparo, Iberdrola logró suspensiones judiciales que le permitieron diferir el cobro de la multa a través de cartas de crédito bancarias, una medida cautelar que generó tensiones con el gobierno. Tras la desaparición de la CRE, la ejecución de la sentencia fue transferida a la Comisión Nacional de Energía (CNE), que reportó el cumplimiento de la sentencia el 26 de junio mediante un nuevo fallo administrativo, aunque los detalles de este se mantienen en reserva.
El 19 de agosto, las autoridades judiciales archivaron el juicio de amparo tras confirmar que Iberdrola no tenía objeciones legales respecto al cumplimiento de la CNE.
Fuente: Periódico AM
