“Antítesis”.
El derecho a estar equivocado
Por Mario Flores Pedraza
La libertad de expresión no existe para proteger las opiniones verdaderas. Existe para proteger las falsas. A las verdaderas nadie las persigue: quien manda no censura lo que le da la razón.
Ése es, en tres líneas, el argumento que John Stuart Mill publicó en 1859 en Sobre la libertad, el libro que estoy leyendo estos días mientras en México se discute si el Gobierno debe fijar reglas sobre los contenidos de la radio y la televisión.
Mill escribió para advertir de un peligro que en su momento parecía menor. Durante siglos la libertad se entendió como defensa frente al rey: había que ponerle límites al que gobierna porque su interés no era el del gobernado. Pero cuando el que gobierna empieza a ser electo, el viejo argumento se descompone solo. ¿Para qué limitar a un poder que somos nosotros mismos? Mill contestó que ahí empieza el problema, y le puso el nombre que Tocqueville había acuñado veinte años antes: la tiranía de la mayoría.
La idea le cuesta a cualquiera que gobierne con votos, y por eso conviene decirla despacio. Una mayoría también puede oprimir, y lo hace con más eficacia que un rey, porque no necesita cárceles. Le basta con volver impresentable una opinión.
Traigamos eso a México. Los Lineamientos de Derechos de las Audiencias, que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene en consulta pública hasta el próximo viernes 21, obligan a los concesionarios de radio y televisión a separar noticia, opinión y publicidad, a publicar un código de ética y a nombrar un defensor de audiencias. El Gobierno insiste en que no habrá sanciones por contenido y en que no le toca al Estado decidir qué es verdad. Supongamos que es exactamente así. Aun así queda en pie lo que Mill discutía.
Mill sostiene que toda discusión que se silencia supone una presunción de infalibilidad. Quien impide que algo se diga está afirmando, sin decirlo, que él no puede estar equivocado. Y su ejemplo extremo ordena todo lo demás: si toda la humanidad menos una persona pensara igual, la humanidad no tendría más derecho a callar a esa persona que ella a callar a la humanidad, si tuviera el poder de hacerlo. La libertad no se resuelve por conteo.
Aquí es donde el liberalismo choca de frente con lo que la Cuarta Transformación dice defender. Su premisa es que la voluntad de la mayoría es la fuente de toda legitimidad: el pueblo manda, el pueblo decide, y quien se opone al Gobierno se opone al pueblo. El liberalismo que Mill formuló sostiene otra cosa. Las libertades básicas —conciencia, pensamiento, expresión, prensa, asociación— son límites que se le ponen a la mayoría precisamente porque la mayoría puede equivocarse. Su trabajo empieza cuando la mayoría ya decidió.
Y hay algo que este movimiento debería reconocer mejor que nadie. La Cuarta Transformación se construyó como la opinión silenciada. Su relato fundacional es el de una voz que los grandes medios no dejaban hablar, que se abrió paso por fuera y que llegó al poder a pesar del cerco informativo. Durante años sostuvo que las redes sociales eran benditas justamente porque nadie podía cerrarlas.
Mill le contestaría que la protección que reclamaba entonces no se la debía a tener razón. Se la debía al principio. Y un principio que solo protege mientras uno es minoría no es un principio: es una estrategia.
Sería tramposo dejar a Mill como un absolutista, porque no lo era. Su principio del daño sostiene que el único fin por el cual el poder puede ejercerse legítimamente sobre alguien, contra su voluntad, es evitar un perjuicio a los demás. Mill aceptaba límites. Aceptaría hoy, me parece, que se identifique la publicidad pagada, que exista derecho de réplica, que los contenidos sean accesibles para las personas sordas. Nada de eso restringe lo que se puede pensar o decir: ordena la relación entre quien transmite y quien escucha.
La línea se cruza en otro punto. Cuando la autoridad se reserva el criterio de qué información está «descontextualizada», o de si un medio cumplió el código de ética que ella misma le exigió redactar, ya no está evitando un daño verificable a terceros. Está evaluando la calidad de una opinión. Y ésa es justamente la evaluación que, según Mill, ningún poder puede hacer sin presumirse infalible.
En Gobernados por Nadie escribí que las democracias rara vez mueren con golpes de Estado, que mueren con reformas. Ésta tiene todo el aspecto de una de ellas: nadie prohíbe nada, nadie clausura nada, y sin embargo al final del camino alguien con despacho oficial tiene la última palabra sobre qué se informó bien.
Al 4 de agosto, el 71% de los primeros mil ciento veintisiete comentarios de la consulta se había pronunciado en contra de los lineamientos y el 25% a favor. Podría usar ese dato como argumento, y sería la tentación fácil: decirle a un gobierno que se funda en la mayoría que la mayoría le dijo que no. No lo voy a hacer. Si el viernes la proporción se invirtiera, yo escribiría esta misma columna sin cambiarle una línea. Ése es el único modo que tengo de comprobar que el argumento no me lo dictó la conveniencia.
La consulta cierra el viernes 21 y se puede participar en el portal de la Comisión. Si a usted le parece que los que estamos en contra exageramos, que el Gobierno no tiene intención alguna de censurar a nadie y que todo esto es una campaña, entonces tiene una razón más para entrar y decirlo.
Es exactamente el derecho que estamos discutiendo.
