La lealtad por escrito
Por Mario Flores Pedraza
Hay cosas que un papel puede acreditar. La edad, el domicilio, el pago de un impuesto, los años de residencia. La lealtad no está en esa lista, y aun así estamos a punto de meterla ahí.
El 30 de agosto la presidenta Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad a quien aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la jefatura de gobierno de la capital. Toca el artículo 82, donde viven los requisitos para ser presidente, y sus equivalentes para los ejecutivos locales. La Comisión Permanente la turnó a la Cámara de Diputados como cámara de origen. Por tratarse de una reforma constitucional necesita dos terceras partes del Congreso y el aval de la mayoría de los congresos estatales, cosa que con la aritmética de hoy no parece un obstáculo. Conviene aclarar lo que la iniciativa no hace: no le quita a ningún mexicano el derecho a tener dos nacionalidades. Solo cierra esos cargos.
El argumento oficial cabe en una línea. Quien tiene dos nacionalidades tiene dos intereses, es ciudadano de dos naciones distintas, y entonces no está claro que su interés supremo sea el de México. Que la iniciativa aparezca justo cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con casa en Texas y las dos nacionalidades, anuncia que va por la Presidencia en 2030 es un dato que conviene anotar y seguir de largo, porque la reforma va a durar mucho más que él.
Concedamos lo concedible, que si no la discusión no sirve. La preocupación por la influencia extranjera sobre quien gobierna no es una manía ni un invento. Los países ponen requisitos de nacionalidad para sus cargos más altos, el nuestro ya los pone, y quien quiera discutir esto en serio tiene que empezar por reconocer que el problema que la iniciativa dice atender existe de verdad.
Aceptado eso, queda la única pregunta que importa: ¿esto lo resuelve? Y para contestarla vale la pena abrir el Espíritu de las leyes, porque Montesquieu dedicó un libro entero a algo que hoy casi nadie discute, que es cómo se redacta una ley.
Ahí dejó escrita una advertencia que en México se cita poco: las leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias. No las dejan igual. Las debilitan. Cada norma que se aprueba para aparentar que se atiende un problema le resta autoridad a las que sí lo atienden, porque le enseña al ciudadano que legislar puede ser un gesto.
Hagamos entonces la prueba. El artículo 82 ya exige ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido veinte años en el país. Alguien que cumple todo eso y aun así gobierna mirando hacia afuera, ¿deja de hacerlo el día que entrega un pasaporte en una ventanilla? ¿Y al revés: un mexicano de una sola nacionalidad queda por eso vacunado contra servir intereses ajenos? La respuesta a la segunda viene impresa todas las semanas en la sección policiaca, y que yo recuerde ninguno de los ahí señalados tenía dos pasaportes.
Si de verdad nos preocupa la influencia extranjera sobre quien manda, habría que ir a buscarla donde vive: en el dinero que financia las campañas, en los contratos, en los negocios que un funcionario tiene del otro lado, en quién le paga la vida cuando deja el cargo. Nada de eso deja huella en un pasaporte, y todo eso va a seguir exactamente igual el día que la reforma se publique en el Diario Oficial.
Montesquieu sostenía que cada forma de gobierno se mueve por un resorte propio: el honor a la monarquía, el miedo al despotismo, y la virtud de los ciudadanos a la república. Advertía también que cuando esa virtud se apaga, la república se corrompe desde dentro. Lo que viene después ya lo estamos viendo nosotros: se llena de requisitos. Multiplica candados, constancias y certificados, intentando obtener por escrito lo que ya no espera de las personas. Una república que le pide a un archivo lo que antes le pedía al carácter está confesando algo sobre sí misma, y no es precisamente que ande sobrada de confianza.
Falta lo más grande, y es lo que menos se ha discutido. La reforma no alcanza únicamente a un político con casa del otro lado. Alcanza a los hijos de migrantes. A los que nacieron en Houston, en Chicago o en McAllen, de padres mexicanos, y son mexicanos por sangre y estadounidenses por el lugar donde su madre alcanzó a llegar al hospital. Ninguno de ellos escogió esa segunda nacionalidad. Les llegó junto con el acta.
Este gobierno defiende a esos paisanos todos los días, y hace bien. Manda cónsules, pelea deportaciones, los nombra en cada conferencia. Y esta reforma les avisa que ese documento que nunca pidieron los inhabilita para gobernar el estado de sus padres. Habría que decidir cuál de las dos cosas son, porque hoy se les están diciendo las dos.
Si usted vive en Tamaulipas, haga una cuenta rápida antes de seguir aplaudiendo. Cuente cuántos de su propia familia nacieron del otro lado del río, o tuvieron un hijo allá porque el hospital quedaba más cerca, o arreglaron sus papeles hace veinte años trabajando. En un estado frontera esa cuenta rara vez da cero. A todas esas personas la Constitución les va a decir que su interés supremo no está claro.
No les va a decir que son sospechosas, ni delincuentes, ni malos mexicanos. Les va a decir algo más fino y más duro de quitarse: que son mexicanos con un asterisco.
La reforma va a pasar, porque los números están. Y cuando pase quedará escrito que en este país la lealtad se acredita en ventanilla. Si alguien localiza la ventanilla donde se acredita la del resto de nosotros, le agradeceré mucho el dato.
