Antítesis
Nadie va a ir a la cárcel por un meme
Por Mario Flores Pedraza
Empiezo por donde nadie empieza, y es por tranquilizarlo: nadie va a ir a la cárcel por burlarse de la presidenta en Facebook. Le pido diez minutos para explicarle por qué de todas formas esta ley hay que leerla con lupa.
Hoy martes llega al pleno del Senado la que todo mundo bautizó como «ley antimemes». El apodo es bueno para el pleito y malo para entender, así que vamos despacio.
Lo que se vota es un artículo nuevo del Código Penal Federal, el 403 Bis, más cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Castiga a quien reproduzca, imite o incorpore logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias de gobierno haciéndolos pasar por auténticos. Tres condiciones tienen que cumplirse al mismo tiempo: que se haga a escala comercial, que exista la intención de engañar, y que el fin sea cometer un acto ilícito. La pena quedó en uno a cinco años de prisión, después de que en comisiones le bajaran a la propuesta original de tres a siete, más multa de mil a diez mil veces la UMA: entre ciento diecisiete mil y un millón ciento setenta y tres mil pesos. Pasó por comisiones el 23 de septiembre con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.
Léalo otra vez y va a notar que un meme no cabe ahí. Quien hace un montaje del escudo nacional para reírse no tiene intención de engañar a nadie, y esa es exactamente la gracia del chiste: que se note. En eso el senador Javier Corral tiene razón cuando dice que la ley apunta a otra cosa.
Y la cosa a la que apunta es real, conviene decirlo sin regatear. Existen páginas que copian el logotipo del SAT para robarle sus datos fiscales. Existen sitios que imitan el del IMSS para venderle una cita que es gratis. Eso es fraude, hace daño de verdad, y perseguirlo es obligación del Estado. Quien se oponga a eso está defendiendo al estafador.
Hasta aquí la ley se defiende sola. El problema empieza en los bordes, y en las leyes los bordes son todo.
Primero: nadie ha definido qué es «escala comercial». En el mundo de hoy, un caricaturista cobra por su caricatura. Un creador de contenido monetiza su canal. Una revista de sátira vende ejemplares. Todos ellos trabajan, técnicamente, a escala comercial, y todos ellos usan símbolos del gobierno para hacer su trabajo. La frontera entre el que estafa y el que se burla la va a tener que trazar un juez, caso por caso, con un texto que no se la traza.
Segundo, y más importante: para que una ley inhiba no hace falta que alguien sea condenado. Basta con que alguien sea denunciado. Imagínese al caricaturista que tiene que probar en un juzgado que no tenía intención de engañar. Aunque gane, perdió: perdió un año, perdió el dinero del abogado y perdió las ganas de volver a dibujar ese escudo. El castigo verdadero es el trámite.
Tercero, y aquí está lo de fondo. El fraude ya es delito en México desde hace un siglo. Lo que hace este artículo nuevo es cambiar lo que se protege. En el fraude, lo protegido es el patrimonio de quien fue engañado. En el 403 Bis, lo protegido es el emblema de la dependencia. Y resulta que los emblemas del poder son, desde que existe el poder, la materia prima de quienes se burlan de él. El águila, el sello, la papelería oficial. Un gobierno que pone su escudo bajo tutela penal está protegiendo justamente la superficie donde la sátira trabaja.
Henri Bergson escribió en 1900 un ensayo sobre la risa que explica esto mejor que cualquier constitucionalista. Sostuvo que nos reímos de lo mecánico incrustado en lo vivo: del hombre que camina como autómata, del que repite una fórmula sin darse cuenta de que el mundo cambió. Y decía que la risa funciona como un correctivo social: una manera que tenemos de castigar la rigidez sin usar la fuerza. Si Bergson tenía razón, no existe blanco más natural de la risa que una burocracia, porque la burocracia es lo mecánico en estado puro. Por eso nos reímos de los trámites, de los sellos, de las ventanillas.
Un gobierno puede hacer dos cosas con esa risa. Puede aguantarla, que es lo que hacen los gobiernos seguros de sí mismos, y de paso enterarse de lo que la gente piensa y no le dice de frente. O puede ponerle un artículo en el Código Penal.
Ahora la parte que no le va a gustar al bando contrario. El apodo de «ley antimemes» también es propaganda. Se metieron en la misma bolsa tres o cuatro iniciativas distintas, algunas de derechos de autor que no tienen nada que ver con ésta, y se armó un escándalo que en buena medida ya consiguió lo que había que conseguir: en comisiones bajaron la pena de siete años a cinco y acotaron la redacción al uso comercial y a la intención de engañar. Ese ajuste no lo hizo la bondad del legislador. Lo hizo el ruido. Conviene reconocerlo, porque es la prueba de que reclamar sirve.
Le prometí al principio que nadie va a ir a la cárcel por un meme, y lo sostengo. Lo que sí puede pasar es más barato y mucho más eficaz: que alguien, en alguna redacción o en algún estudio de caricatura, se quede un momento mirando el escudo nacional antes de usarlo en un chiste, y decida que mejor no.
Para eso no hace falta detener a nadie. Basta con que se lo imagine.
